IU-Mérida considera el posible cierre de Carcesa como el último episodio de su privatización.

Izquierda Unida-Mérida considera que la apertura del procedimiento de concurso de acreedores por parte del Grupo Nueva Rumasa, que afecta al futuro de las instalaciones de la compañía CARCESA son el último resultado del proceso de privatización que protagonizó el PSOE sobre esta sociedad.

El futuro de CARCESA, se ve empañado por las consecuencias de un modelo de gestión basado en la especulación y la descapitalización de empresas que ha caracterizado a la familia Ruiz Mateos.

El hecho de que se ponga en cuestión el futuro de un proyecto industrial como el de CARCESA, a pesar de la buena marcha de la misma, pone de manifiesto que en última instancia esta empresa se encuentra en peligro de cierre como consecuencia de su privatización.

Desde que se que se llevó a cabo la privatización de esta sociedad, la situación de esta empresa se ha caracterizado por la incertidumbre y vaivenes sobre su futuro y el de sus trabajadores,  lo que en modo alguno no ha impedido que este proyecto industrial disponga de claros síntomas de viabilidad económica.

Las diversas aventuras financieras que hasta la fecha a protagonizado el GRUPO NUEVA RUMASA ha puesto en graves dificultades a una empresa rentable y con proyección de futuro, y con ello también a la seguridad económica de los trabajadores y a sus familias.

De este modo, podemos señalar que el proceso de privatización que se planteó en su momento como la solución más óptima para garantizar el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo se ha convertido en la principal causa de la grave situación a la que ahora deben hacer frente los trabajadores.

Para IU-Mérida resulta del todo obvio que esta empresa no tendría que hacer frente a este tipo de situaciones si hubiera permanecido en manos públicas, de tal modo que no sólo habría reportado beneficios para la financiación de los servicios públicos, sino que además su futuro en ningún caso se vería comprometido.