Izquierda Unida-Mérida considera que el equipo de gobierno no respeta la legislación vigente en materia de provisión de puestos de trabajo, para mantener el clientelismo en las administración local.
La legislación vigente en materia de personal en las administraciones locales establecen que los puestos de estructura, es decir aquellos cuyos titulares tienen disponen de personal bajo su dependencia jerárquica, como las jefaturas de sección, que permanezcan vacantes han de ser cubiertos mediante el procedimiento de concurso, según el cual los funcionarios municipales de carrera que cumplan los requisitos legales pueden optar a ellos según los méritos acumulados a lo largo de su carrera administrativa, previa convocatoria del equipo de gobierno.
Así, se establece que cada dos años deben convocarse los concursos de provisión de puestos para que los funcionarios municipales puedan solicitar su promoción a aquellos puestos de estructura que se encuentren disponibles.
A pesar de lo establecido en las disposiciones reguladoras, durante la presente legislatura el equipo de gobierno no ha convocado ningún concurso para la provisión de estos puestos, vulnerando con ello la legislación y los derechos de los funcionarios municipales que puedan optar a estos puestos de mayor cualificación técnica y profesional y con mejores condiciones retributivas, que las de un puesto base.
Los únicos beneficiados por esta situación son todos aquellos que gracias a la falta de convocatoria de procesos de promoción interna están disfrutando de los puestos, y las retribuciones, de aquellos puestos que pese a su relevancia se encuentra como vacantes, y que por lo tanto podrán seguir desempeñando al ser elegidos para ello por el gobierno municipal, y más concretamente por el propio alcalde.
Así se deduce de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento de Mérida publicada en el BOP de Badajoz el 4 de junio de 2010.
Por todo ello, desde IU-Mérida exigimos al equipo de gobierno a que establezca un calendario para la convocatoria de concursos de provisión de puestos de trabajo vacantes en los distintos servicios que forman la administración del Ayuntamiento para posibilitar el ejercicio efectivo del derecho a la carrera profesional de los funcionarios municipales, en los términos en los que viene recogidos en la legislación vigente.
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