IU-Mérida considera que la táctica de los gestores de FCC de no pagar a los trabajadores para presionar al Ayuntamiento como un chantaje sin justificación. La relación de retrasos e impagos que sufre esta empresa surge de su vínculo contractual con el Ayuntamiento, y en ningún caso de su relación laboral con los trabajadores.
Para IU-Mérida es inconcebible que una empresa como Fomento de Construcciones y Contratas, con unos beneficios de más de 300 millones de euros en 2010, utilice a los trabajadores para presionar al Ayuntamiento a que abone la cantidad que les adeuda.
Esta situación pone de relieve la mala gestión del Ayuntamiento, dado que los pagos que se debe realizar a dicha empresa son de carácter periódico y por cantidades fijas, por lo que resulta difícil entender que desde el equipo de gobierno no realice la previsión de fondos suficiente para satisfacer las necesidades de un servicio esencial como es la recogida de basura, hasta el punto de contraer una deuda de 9 millones de euros.
Esta situación es todavía más sangrante desde el mismo momento en el que el Ayuntamiento pagó 300.000 euros a la empresa para hacer frente a la nómina del pasado mes.
En caso de que se probara que el impago de la nómina no tenga justificación dada la supuesta solvencia económica de la empresa, esto podría derivar en la posibilidad de que dicha empresa incurriese en un delito que le impidiese participar en futuros procesos de contratación pública –y la nulidad del actual-, dado que incurriría en varios de los supuestos que implican la prohibición para contratar con la administraciones públicas, tal y como regula la legislación vigente, al cometerse un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por todo ello, instamos las autoridades laborales a que tomen parte en el asunto para garantizar los derechos de los trabajadores, y exigimos al Ayuntamiento que adopte los mecanismos presupuestarios suficientes para afrontar las obligaciones económicas del consistorio con arreglo a la realidad mostrada en los presupuestos municipales.
Por último, queremos recordar a los responsables de FCC que antes de lesionar los derechos legítimos de sus empleados, utilice los instrumentos que pone a su disposición la ley para evitar los incumplimientos de las obligaciones contractuales de la administración contratante, que puede llegar a incluir la resolución voluntaria del contrato, tal y como contempla la Ley de Contratos del Sector Público.
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