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Izquierda Unida-Mérida afirma que las declaraciones de la delegada de urbanismo en las que afirma la legalidad de la actuación municipal en el caso de la Prointisa, son un ejemplo de la huida hacia delante en la que se está embarcando el equipo de gobierno.

A las declaraciones del señor alcalde en las que calificaba de “correctas” las actuaciones que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sentenció como ilegales, ahora asistimos a otro episodio en el que un responsable municipal vuelve a avalar actuaciones administrativas que a todas luces suponen una violación flagrante y e intencionada de la legalidad vigente.

Desde aquí nos gustaría recordarles a la señora Gordillo y al señor alcalde que la realización de los cometidos que les encomienda la ley como titulares del gobierno municipal no viene determinado por sus opiniones o actitudes personales, sino por la regulación legal que establece los principios y criterios de sus actuaciones en el ejercicio de las competencias que les atribuye la legislación vigente.

En contra de lo piensan los responsables de nuestro gobierno municipal, las actuaciones de los órganos ejecutivos de los que son titulares deben someterse al régimen legal correspondiente, por lo que resulta evidente, y así lo han señalado desde el TSJEx, que la concesión de una licencia de primera ocupación para inmuebles cuyas obras estaban sin concluir es del todo contrario a lo que establece la legislación urbanística.

Por todo ello, instamos a los responsables de gobierno de nuestra ciudad a que asuman sus responsabilidades políticas en este asunto y dejen de someternos a un continuo ejercicio de negación de la realidad  con el que tan solo consiguen ponerse en evidencia.

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