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Izquierda Unida-Mérida considera que la paralización de las obras del centro de salud de la zona norte tiene su causa en la mala gestión realizada por la Consejería de Sanidad en el procedimiento de  adjudicación de la obra.

La legislación vigente en la materia contiene precisiones explícitas que ayudan a la administración a evitar este tipo de situaciones, ya que se establecen requisitos especiales y condiciones para todos aquellos casos en los que las ofertas procedan de empresas en dificultades económicas cuya viabilidad ponga en riesgo la realización efectiva del objeto del contrato, como ha ocurrido en este caso.

Según contempla la Ley de contratos del sector públicos, en aquellas circunstancias de baja temeraria en el precio en el precio de la oferta presentada por una empresa en un procedimiento de contratación, la administración está tiene dos opciones, obviar este tipo de ofertas aunque resulten más ventajosas desde el punto de vista económico, o bien exigir a la empresa garantías adicionales que aseguren el cumplimiento del contrato.



En este sentido, debemos añadir que entre los requisitos señalados por la legislación a la hora de adjudicar un contrato como la construcción de un centro de salud, la empresa de aportar la documentación que acredite su solvencia económica y financiera, un requisito que en la actualidad cobra especial relevancia debido a la difícil situación que sufre el sector de la construcción.

Por todo ello, desde IU-Mérida consideramos que dada la existencia de mecanismos e instrumentos legales que permiten eludir este tipo de circunstancias, la única causa determinantes de la paralización de la obra, y la responsabilidad sobre la misma, recae sobre la Consejería de Sanidad y dependencia de la Junta de Extremadura.

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