IU-Mérida rechaza la privatización de la Ciudad Deportiva.

Izquierda Unida-Mérida se muestra frontalmente en desacuerdo con el anuncio realizado por el portavoz del Grupo Municipal del PP que muestra la disposición del equipo de gobierno para privatizar la Ciudad Deportiva.

Los procesos de privatización que han protagonizado hasta ahora el PP y el PSOE suponen el reconocimiento por parte de sus impulsores de su incapacidad para gestionar los instrumentos que tienen en sus manos para desarrollar su labor de gobierno, es por ello, que si el equipo de gobierno considera que las instalaciones de la ciudad deportiva no obedecen a un modelo de gestión apropiado su cometido es el mejorarlo, y nunca el de deshacerse un servicio cuya puesta en funcionamiento hemos costeado entre todos.

Hasta la fecha, la privatización de los servicios públicos se ha traducido siempre en aumento de los precios para los usuarios, incremento de la precariedad laboral en perjuicio de los trabajadores y el incremento de los beneficios para los empresarios que perciben un servicio en pleno uso por cuantías muy por debajo de su valor real de mercado.



En nuestra opinión, el aumento de lo público en la prestación de los servicios que necesitan los ciudadanos de Mérida constituye un elemento necesario para poder establecer una política de inversión y creación de empleo de calidad, más allá de los intereses representados por empresarios particulares que tan sólo persiguen su propio beneficio.

Para IU-Mérida carece de justificación que las administraciones públicas asuman el coste de la construcción de unas instalaciones como las de la ciudad deportiva y pongan en valor el uso de las mismas para que finalmente acabe gestionada por propietarios particulares que tan sólo obedecen a la lógica de sus propios beneficios, desestimando criterios como el interés general y la prestación de servicios al servicio del público.

Por todo ello, desde IU-Mérida mostramos nuestro más firme rechazo hacia la privatización de estas instalaciones y exigimos al equipo de gobierno que se responsabilice de la gestión de las competencias que tiene atribuidas.