IU denuncia el gasto público que va a suponer un acto privado como la JMJ

La coordinadora del Área Federal de Juventud de IU, Esther López Barceló, lamenta que en las explicaciones dadas ayer por los organizadores de estas jornadas “se introdujeran numerosas falsedades para confundir a la sociedad y se recurriera incluso a la mentira al indicar que estas jornadas no van a tener ningún coste de dinero público”. La Administración Central y la Comunidad de Madrid "asumirán numerosos gastos, como alojamiento, seguridad, transporte... además de proporcionar generosas exenciones fiscales a las empresas colaboradoras, todo lo cual supondrá un coste de al menos 50 millones de euros, según la primera estimación realizada por el Observatorio por la Laicidad", organización que fiscalizará los gastos públicos de este evento privado, proporcionando datos durante su realización.

“Cuando los organizadores –señala López Barceló- afirman sin ruborizarse que estos actos van a ser sufragados exclusivamente por los participantes, la Iglesia y las empresas y particulares que colaboran mienten directamente. Tal vez luego lo arreglen con una confesión en una de las misas de cualquiera de esos días, algo que no será tan fácil de arreglar para las cuentas públicas con las que se deberá hacer frente a las generosas desgravaciones fiscales aprobadas por el Gobierno del PSOE para las empresas participantes. Esperamos conocer algún día el coste final de dinero público que tendrá todo esto, puesto que hasta ahora el Gobierno socialista se ha negado a facilitar a IU ningún dato concreto sobre ello”.



Gaspar Llamazares registra una pregunta sobre los costes para RTVE de al visita privada

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al presidente del Consejo de Administración de RTVE en relación a la alteración de la programación de RTVE con motivo de la visita, a título particular, del Papa a Madrid los próximos días 18, 19 y 20 de agosto. Llamazares expone en su escrito si “¿Le parece adecuada a la dirección de RTVE una alteración tan importante de su programación por la visita de ámbito privado, y no en calidad de jefe de Estado, de Don Joseph Aloisius Ratzinger dado que nuestra Constitución establece la existencia de un Estado aconfesional?”

También se interesa por “¿Cuál será el coste económico final que tendrá para RTVE el importante despliegue humano y técnico que se ha decidido poner en marcha para la ocasión?”

El parlamentario de IU lleva a cabo esta iniciativa tras tener conocimiento del protocolo de colaboración suscrito entre la sociedad mercantil Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), el ente público Radio Televisión Madrid (RTVM) y el Arzobispado de Madrid al objeto de que los firmantes garanticen la producción y difusión de la señal de todos los actos que Ratzinger desarrolle en Madrid con motivo de la denominada Jornada Mundial de la Juventud.

Llamazares recuerda que “a pesar de su nombre, esta jornada sólo tiene carácter de ámbito estrictamente privado y religioso, por lo que así es difícilmente entendible que en el citado protocolo se fije que RTVE se encargará de producir y difundir la señal de múltiples actos”, entre los que se encuentran: a) Llegada a Barajas de Ratzinger, b) Estancia y audiencias en la nunciatura, c) misa de seminaristas en La Almudena, d) visita al centro de discapacidades San Juan de Dios, e) vigilia en Cuatro Vientos, f) misa en Cuatro Vientos, g) encuentro voluntarios en IFEMA y h) salida de Ratzinger de Barajas.

El portavoz de IU no hace referencia en su iniciativa a la producción y difusión de la señal de otros actos que van a tener cobertura por parte de RTVM, al no ser competencia del Congreso el control de esta televisión autonómica.

Para Llamazares, “a pesar de que teóricamente vivimos en un Estado aconfesional, tal y como consagra nuestra Constitución, se ha preparado un despliegue humano y técnico que en época de recortes del gasto público, tanto a nivel de RTVE de forma particular como en todas las administraciones públicas estatal, autonómicas y locales, parece a todas luces excesivo por el ingente empleo de medios públicos para la cobertura de actos exclusivamente privados y religiosos”.

“Además –señala-, se decide alterar de manera significativa la programación habitual de las cadenas de la televisión pública estatal sin tener en cuenta que precisamente por su carácter público debería garantizar una programación que quedara al margen de imposiciones e intereses ideológicos y religiosos, y en las que todos los espectadores creyentes o no, católicos o no, se consideren representados”.