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Izquierda Unida Mérida considera que la rescisión de los contratos de trabajo que ha llevado a cabo el equipo de gobierno sobre los conserjes que desempeñaban su tarea en los colegios públicos de Mérida es una medida repugnante.

La finalización de la relación laboral de estos trabajadores con el Ayuntamiento carece de toda lógica ya que el funcionamiento de estos centros se verá gravemente afectado en tareas como recepción de padres, mantenimiento, apertura y cierre de las instalaciones, o la atención telefónica al exterior, entre otras funciones.

En nuestra opinión es del todo contradictorio que un partido gane unas elecciones utilizando como lema de campaña “Lo primero, el empleo”, y que la primera medida que toma al respecto sea la rescisión de contratos de personal municipal, sobre todo en un escenario de deterioro constante del empleo en nuestra ciudad.



Si bien es cierto que el Ayuntamiento no tiene la obligación legal de continuar con los contratos mencionados, ni de asumir su coste, también lo es que el Ayuntamiento dispone de los cauces legales y políticos para que la Junta se haga cargo de este gasto en virtud del régimen de competencias al que le obliga la ley.

Para IU-Mérida, el despido de estos trabajadores supone exponerlos, a ellos y a sus familias, a una grave situación de inseguridad económica, y muestra la falta de sensibilidad del equipo de gobierno hacia el mantenimiento de la calidad de vida de estos trabajadores, sobre todo cuando nos referimos a unas circunstancias que bien podrían haberse evitado, y que afecta a funciones que hoy en día siguen siendo necesarias y que perjudican el buen funcionamiento de las instalaciones afectadas.

Esta actitud pone en evidencia el hecho de que el objetivo del Partido Popular en Mérida como equipo de gobierno no es la disminución del empleo, sino la presentación de la disminución de la deuda municipal como principal logro de su gestión, al margen de las consecuencias que pueda acarrear.

Por todo ello, exigimos al equipo de gobierno la reincorporación de los trabajadores afectados, hasta la cobertura definitiva de los puestos por parte de la Junta de Extremadura.

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