Izquierda Unida-Mérida afirma que la privatización del servicio de limpieza de los centros públicos de titularidad municipal supondrá el deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
La búsqueda de reducción de costes que persigue la privatización de este servicio sólo se producirá disminuyendo las retribuciones de los trabajadores y empeorando las condiciones de los contratos de trabajo.
Las características de un servicio como el que se quiere privatizar tan sólo permiten la disminución de los gastos a costa de la calidad de vida de los trabajadores, con lo que el Ayuntamiento se convierte en un agente activo en el fomento de la precariedad y de los salarios de miseria.
Así, la adopción de este tipo de fórmulas hace suya la filosofía según la cual la situación económica del Ayuntamiento tan sólo puede mejorarse gracias al empeoramiento de la seguridad económica de los trabajadores y de sus familias.
Todo esto, pone de manifiesto la incompetencia del equipo de gobierno en la gestión de los servicios públicos, ya que implica el reconocimiento de que los servicios municipales sólo puede ser eficientes cuando son gestionados por personas ajenas a las que componen al Gobierno del Partido Popular.
En este sentido, debemos recordar los resultados absolutamente desastrosos que han tenido para las arcas municipales la privatización de otros servicios como son el gas, la recogida de basura, o el agua, que finalmente se han traducido en el aumento de la deuda, y el incremento de las tasas municipales que deben abonar los emeritenses por la utilización de los diferentes servicios públicos.
Por todo ello, desde IU-Mérida nos mostramos absolutamente en contra de la privatización como fórmula de gestión de los servicios públicos, una práctica que consideramos dogmática y alejada de las necesidades de los trabajadores y de los ciudadanos en general.
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