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Izquierda Unida-Mérida afirma que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de centros públicos del ayuntamiento de mérida, vulnera conscientemente los derechos de los trabajadores, ante la pasividad del equipo de gobierno.

La obligación impuesta por la empresa a los trabajadores que antes desempeñaban su trabajo en el servicio de limpieza municipal para que firmen un nuevo contrato, tiene como propósito que la relación laboral entre los empleados y la empresa a la que se ha sido adjudicado el servicio, GRUPO ABETO SERVICIOS INTEGRADOS, SA, se rija a través del Convenio provincial, que dispone unas condiciones de trabajo más desfavorables para los trabajadores que los que establece el Convenio Municipal, por el que se rigen hasta ahora.

Según establecen los pliegos administrativos y técnicos que regulan las condiciones de adjudicación del servicio y su prestación, el adjudicatario tiene la obligación de asumir la plantilla municipal manteniendo las condiciones económicas y laborales de las que disfrutan los trabajadores hasta la fecha de adjudicación del servicio, una obligación que pretende eludir la empresa imponiendo un convenio que disminuye sensiblemente los derechos laborales de los trabajadores.

Por otro lado, el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, prohíbe expresamente que los trabajadores incursos en situaciones como las descritas puedan ver modificado el convenio colectivo de aplicación, a no ser que el que estuviere vigente, se vea modificado con fecha posterior al inicio de la prestación por parte de la empresa que ha recibido la gestión del servicio privatizado.

Por estas causas, la pretensión de la empresa adjudicataria del modificar las condiciones laborales de los trabajadores supone un atentado contra los derechos de los trabajadores municipales, y un incumplimiento de las obligaciones de la empresa con arreglo al marco legal contenido en las condiciones de adjudicación y ejecución de la gestión del servicio que se les ha adjudicado

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