Izquierda Unida-Mérida realizará una propuesta al pleno del Ayuntamiento para instar a la Junta de Extremadura a que suspenda los procedimientos de desahucios que se están llevando a cabo en las viviendas de promoción social de Bellavista, San Lázaro y Juan Canet.
Izquierda Unida-Mérida considera que la práctica de desahucios en aquellos casos en los que los afectados no dispongan de los medios económicos suficientes para hacer frente a las obligaciones de pago que están vinculadas a la adjudicación de este tipo de viviendas está absolutamente injustificado.
Resulta lógico que la administración resuelva los procedimientos y actúe de acuerdo con el dictado de la normativa, pero en ningún caso entendemos que la resolución un procedimiento se lleve a cabo incluso en los casos en los que la actuación administrativa provoque más problemas que los que pretende solventar.
Así, y de acuerdo con las figuras legales que regulan el procedimiento administrativo, exigimos a la Junta de Extremadura que suspenda la ejecución de los desahucios realizados, en aquellos casos en los el pago de la cuota correspondiente se haya convertido en una obligación de imposible cumplimiento para los afectados.
En nuestra opinión, la adopción de esta medida supondría la ponderación adecuada de todos los intereses implicados en el procedimiento, en el que el derecho a la vivienda de los afectados debe primar por encima de los derechos económicos de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma, en aquellos casos en los que los interesados no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los pagos que exige la Junta de Extremadura.
A este respecto, debemos tener en consideración que muchas de las familias afectadas cuentan con niños entre sus componentes, obedecen a un perfil socio-económico con riesgo de exclusión, y en muchos casos, no disponen de ningún tipo de ingreso.
Por todo ello, desde IU-Mérida instaremos, en primer lugar a la Consejería de Fomento para que paralice los desahucios que se están tramitando en la actualidad para que se lleve a cabo la valoración individual de cada uno de los casos; y en segundo lugar, nos dirigiremos a la mesa de la Asamblea de Extremadura para instar a la cámara y al conjunto de los grupos parlamentarios que la forman para que lleven a cabo las modificaciones precisas para que en ningún caso se contemple el desahucio como posibilidad para solventar situaciones de impago que no puedan atribuirse a la voluntad de los afectados.
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