IU-Mérida denuncia los incumplimientos de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento en Juan Canet.

Izquierda Unida-Mérida afirma que la barriada de Canet se encuentra en situación de abandono por parte de las autoridades municipales y autonómicas.

La barriada de Juan Canet es el perfecto ejemplo de la desidia municipal con respecto a la situación de las barriadas situadas en la periferia de nuestra ciudad, con un perfil socio-económico que muchas ronda la exclusión social.

El continuo deterioro del mobiliario urbano, bancos rotos, papeleras arrancadas, farolas agujereadas  y acumulación de basura, es el panorama habitual en el que se desenvuelve la vida de los vecinos de este barrio, acosados por el desempleo, y ahora también por los desahucios programados por la Junta de Extremadura.

La situación se convierte en especialmente grave desde el mismo momento en el que en ese barrio reside un gran número de familias que obtuvieron su vivienda en mediante procesos de realojo, promovido por la Junta de Extremadura,  por lo cual buena parte de las viviendas que forman parte de la barriada son patrimonio público, por lo que su conservación y mantenimiento corresponde al gobierno regional, que no cumple con sus obligaciones contractuales.

Debemos señalar que los incumplimientos contractuales en los que incurre la administración regional con respectos a los vecinos de este barrio no impiden que la Consejería de Fomento lleve a cabo procedimientos de desalojo de familias que no cumplen sus obligaciones económicas con respecto a la hacienda pública de la Comunidad Autónoma.

Así nos encontramos frente a un escenario en el que los incumplimientos voluntarios o no de la familias encuentran su respuesta en la privación del derecho a al vivienda de los afectados, mientras que el abandono por parte de las administraciones públicas en la prestación de los servicios básicos, como pueden ser alumbrado público, limpieza viaria, o el funcionamiento de garajes o ascensores en las comunidades de vecinos..., no obtienen ningún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento, ni del gobierno regional.

Por ello, instamos a las respectivas administraciones públicas a que ejerzan las competencias que les atribuye la ley, y garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales en este barrio.