Izquierda Unida-Mérida denuncia la puesta en marcha de una campaña de persecución política y acoso contra militantes de distintos movimientos sociales de izquierdas con la supuesta participación de órganos judiciales y policiales.
Desde el pasado verano, se han sucedido en nuestra ciudad diferentes hechos que apuntan a una criminalización de los movimientos sociales y la actividad de militantes de izquierda en nuestra ciudad.
Las supuestas agresiones sufridas en dependencias policiales, la imposición de multas por cuantías absolutamente disparatadas y la criminalización mediática, son evidencias que nos muestran cual es la actitud con la que se está afrontado el incremento de la protesta social en Mérida, así como la pauta habitual de actuación del aparato policial y judicial en nuestra comunidad autónoma, ante la omisión cómplice de la delegación del gobierno en Extremadura.
Al margen del episodio de manipulación mediática que tuvo lugar en el Colegio Salesianos, la actuación contra miembros del 15-M, Democracia Real Ya, Izquierda Unida, o del CSOA “El Sitio” se han multiplicado durante los últimos meses, de modo desproporcionado, con la única intención de estigmatizar aquellos que dirigen su actividad política contra las políticas de recortes y el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
En estos términos, debemos señalar las denuncias tramitadas en lo últimos días por parte de la fiscalía por delitos de amenazas, o de alteración del orden público, por la realización de actividades o la realización de declaraciones que no comportan ningún tipo de riesgo material, ni la vulneración de los derechos de terceras personas, por lo que no suponen –en ningún caso- la realización de ningún conducta que pueda ser considerada como una infracción legal, ya sea en forma de falta o delito.
En nuestra opinión, la denuncia por delitos que se han producido, a personas que en algunos casos ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos, o la imposición de una multa de 500 euros por arrojar un petardo en una zona desierta sin producir daños, ponen en evidencia la veracidad de todo lo anterior.
Por todo ello, denunciamos la actividad de los órganos policiales y judiciales, debidamente politizados, como producto de una campaña artificial, consciente e intencionada que tiene como único propósito desprestigiar a todos aquellos que realizan cualquier tipo de iniciativa de protesta contra las medidas y la política de los distintos gobiernos del Partido Popular, y utilizar la represeión y el miedo como instrumento para desincentivar la participación democrática de nuestros jóvenes en las distintas propuestas que se convocan regularmente contra la política del gobierno de Rajoy.
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