Izquierda Unida-Mérida afirma que Daniel Serrano miente en las declaraciones que realizó en su calidad como Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Transportes, en las que aseguraba que el importe que deberá abonar la empresa por el despido improcedente de un trabajador no superará el equivalente a dos meses de salario del trabajador.
Consideramos que las declaraciones de Daniel Serrano son impropias de una persona que ostente un cargo público, ya que miente de un modo recurrente e intencionadamente con el único ánimo de confundir a la opinión pública, lo que evidentemente supone un fiel reflejo de su calidad humana y política.
Según viene recogido en el apartado tercero de los antecedentes de hecho que constan en la sentencia del TSJ de Extremadura, se señala expresamente que Transportes Urbanos de Mérida, SL fue condenada “al abono de los salarios de tramitación desde el día 1 de diciembre de 2011”,tal y como señala expresamente la sentencia, que viene a corroborar este extremo desde el momento en el que en el fallo señala: “ confirmamos la sentencia de instancia”, lo que implica que las obligaciones económicas de la empresa a favor del trabajador despedido siguen vigentes.
Así debemos incidir en el hecho de que los importes a los que se refiere el señor Serrano sólo se refieren a la indemnización por despido, que en efecto, a la que corresponde un importe de 1.229,28€, mientras que no hace la más mínima alusión a los salarios que no ha percibido el trabajador desde su despido, el 1 de diciembre de 2011, y que ahora deberán abonar la empresa Transportes Urbanos de Mérida, SL, a lo que en última instancia deberemos sumar la condena a costas de 300€ que ha supuesto para la empresa municipal la presentación del recurso.
En estos términos, debemos señalar que desde el primer momento en el que recayó la sentencia en primera instancia, la empresa municipal consignó una cantidad por un importe cercano a 15.000 euros en una cuenta corriente a favor del trabajador afectado, lo que sitúa las declaraciones del señor Serrano más allá del ridículo y el pudor que podemos exigirle a cualquier adulto responsable.
Por todo ello, deducimos que, o bien el señor Serrano carece de la capacidad necesaria para interpretar el texto de una sentencia judicial, y por tanto para el desempeño de cualquier cargo público, o bien se ha tomado todo tipo de absurdas molestias con el objeto de manipular la realidad, es decir, con la finalidad de mentir expresamente a los vecinos de Mérida a la hora de explicar la cuantía que deberá pagar la empresa municipal debido a su “meticulosa” gestión del señor Serrano.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
En Mérida, 19 de febrero de 2013
Publicar un comentario