Según establece expresamente la
disposición adicional tercera del RD1483/2012, de 29 de octubre, la adopción de
medidas de modificación sustanciales de las condiciones de trabajo, como son la
reducción salarial y de jornada “será de aplicación a las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de una o varias Administraciones
Públicas y otros organismos públicos, siempre y cuando se financien
mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones
realizadas en el mercado.”, unos requisitos que evidentemente no se
producen con respecto al ERE tramitado por el Ayuntamiento de Mérida, al ser su
naturaleza jurídica de la de una administración pública, y no la de una entidad
de derecho público, u organismo público.
El contenido de esta disposición
sitúan las medidas de reducción de
jornada y salario -de entre un 25% y 50%-, propuestas por la delegación de
personal como medida alternativa para evitar los despidos del personal incluido
en el Expediente de Regulación de Empleo, al margen de la legalidad, y por tanto
cuestionan la legalidad del propio procedimiento de despido colectivo iniciado
por el gobierno de Pedro Acedo, ya que la adopción de dicho plan de
acompañamiento social se presenta como un elemento sustancial en el seno del
propio procedimiento.
Según señala la mencionada
normativo, los entes locales podrán únicamente realizar expedientes reguladores
de empleo de carácter extintivo, sin que por tanto quepa la adopción de
modificaciones en las condiciones de trabajo a través de un Expediente de
Regulación de Empleo.
En estos términos, entendemos que
la realidad de estas afirmaciones pone en entredicho la solvencia técnica del
asesoramiento que recibe la delegación de personal para la tramitación
administrativa y legal de este ERE, para el que no debemos olvidar, se han
llegado a contratar los servicios de una empresa privada, cuya solvencia profesional queda gravemente
dañada.
Por todo ello, instamos a la
delegación de personal a que retire el mencionado procedimiento al ser
contrario a la legislación vigente, además de inútil, innecesario e injusto.
Fdo: Izquierda Unida-Mérida.
En Mérida, a 01 de
abril de 2013
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