Izquierda
Unida-Mérida considera que la decisión adoptada por el equipo de gobierno de
renunciar a la tramitación del ERE municipal atiende a las irregularidades
cometidas por el equipo de gobierno en su tramitación.
La imposibilidad de llevar a efecto las medidas
incluidas en el Plan de Acompañamiento Social, propuesto por el gobierno
encabezado por Pedro Acedo, no se derivan de la falta de acuerdo con las fuerzas
sindicales que han intervenido en el proceso, sino por las limitaciones
impuestas por la legislación vigente, un extremos que ha sido expuesto por
Izquierda Unida desde el inicio del proceso.
La naturaleza del Ayuntamiento de Mérida como
administración local, y por tanto de carácter territorial, impiden la adopción de medidas distintas de
las que se deriven de la propia extinción de los contratos, al no gozar de la
naturaleza de organismo o ente público, tal y como viene señalado en la
disposición adicional tercera del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
Esta situación pone de relieve la falta de solvencia
de la iniciativa encabezada por el equipo de gobierno, así como de la empresa
contratada para las funciones de asesoramiento en la tramitación del ERE que
pretendía llevarse a cabo.
Para IU-Mérida, el hecho de que desde la delegación
de personal se pretende culpar a las fuerzas sindicales de la renuncia del ERE
resulta del todo insólito, ya que aquellos que pretendía realizar el ERE era el
gobierno municipal y no los sindicatos, del mismo modo que confirma que la
postura más adecuada que podían adoptar los sindicatos para evitar el despido
de los trabajadores es precisamente la oposición frontal a las medidas
planteadas por el gobierno del Partido Popular.
En nuestra opinión, las explicaciones facilitadas
por el señor alcalde no hacen sino poner de manifiesto la incompetencia
profesional y política con la que se ha abordado la cuestión, al tiempo que
confirma que la tramitación del ERE no tenía otro propósito que el de
chantajear a los trabajadores y los sindicatos bajo el lema de bajada de
salario o despido, un extremo que no se ha llevado a efecto gracias a la
resistencia de los sindicatos frente a las presiones del equipo de gobierno.
En estos términos, consideramos que la actitud
mostrada desde el equipo de gobierno, descalificando tanto a los representantes
de los trabajadores, como a las fuerzas de la oposición a lo largo de todo este
proceso resulta impropia de cualquier cargo público que ostente
responsabilidades de gobierno.
Finalmente, queremos mostrar nuestra satisfacción
por la paralización de un proceso que en ningún caso podía tener un buen final
para los trabajadores y sus familias, salvo la decisión desestimar su
aprobación, del mismo modo que felicitamos a las fuerzas sindicales por el
papel y la firmeza mostrada durante este proceso.
Fdo: Izquierda Unida-Mérida.
En Mérida, a 09 de abril de 2013
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