Izquierda Unida-Mérida afirma que
las propuestas realizadas por Vectalia para modificar las condiciones en las
que se presta el servicio de autobuses urbanos son contrarias al contenido de
los pliegos del contrato que regulan el
servicio, y tan sólo favorecen a la empresa.
Las condiciones y requisitos a
los que se encuentra sujeto la prestación de la gestión privada del servicio de
autobuses urbanos se encuentra regulada en los pliegos técnicos y
administrativos que definen los términos de la concesión, y su posible
modificación, sin que en ningún caso se contemple en los mismos una reducción
en la frecuencia o la modificación de las líneas.
Según estipula el propio pliego
de condiciones administrativas, el precio del contrato no podrá alterarse hasta
que transcurra un año desde la entrada en vigor de la concesión, por lo que las
limitaciones en el servicio planteadas por la empresa, no supone una reducción del importe que
deben asumir las arcas municipales que se sitúa en 775.000 euros al año, por lo
que pagaremos el mismo precio por un nivel menor de prestaciones.
Para IU-Mérida carece de sentido
que el Ayuntamiento acepte una modificación del contrato que en ningún caso
supone una mejora de las condiciones del servicio para los usuarios, ahora que
el riesgo y ventura corre a cuenta de la empresa concesionaria.
En estos términos, resulta
sintomático que la empresa proponga una modificación de las condiciones del
contrato que se encuentran estipuladas en los documentos que las regulan,
apenas cinco meses después de su adjudicación, y en unos términos que tan sólo
menciona una reducción de las prestaciones vinculadas al servicio, lo que nos
lleva a pensar que se plantean con el único propósito del beneficio exclusivo
del concesionario.
Debemos señalar, las condiciones
estipuladas en los pliegos y demás normas reguladoras del servicios tienen
carácter obligatorio para la empresa, y que tan sólo pueden llevarse a cabo
mediante la aprobación del Ayuntamiento que tiene la facultad de interpretar el
contrato y vigilar por su cumplimiento.
En este sentido, debemos señalar
que la reducción del servicios que propone la empresa supone un ahorro para la
misma, sin que en ningún caso se manifieste ningún tipo de ventaja para los
usuarios que verán reducidos sus posibilidades de utilizar el autobús urbano.
Además debemos preguntarnos
cuales pueden ser las consecuencias que puede tener sobre el empleo la
reducción de frecuencias y paso de autobuses, ya que una reducción de horas en
la prestación del servicio podría desembocar en una disminución del número de
empleos necesarios para su cobertura.
En este sentido, resulta obvio
que en las condiciones generales del servicio no se han modificado desde su
adjudicación a primeros del mes de enero, por lo que cualquier tipo de consideración sobre las mismas y deberían
haberse incluido en los pliegos aprobados en el momento de su aplicación, o por
parte de la propia empresa, a través de la oferta que presentó en su momento.
Por todo ello, tal y como hemos
expresado en anteriores ocasiones, la privatización de este servicio se traduce
en un aumento del coste para el usuario, la reducción de los servicios y el
empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
Fdo: Izquierda Unida-Mérida.
En
Mérida, a 25 de junio de 2014
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