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Izquierda Unida-Mérida afirma que las propuestas realizadas por Vectalia para modificar las condiciones en las que se presta el servicio de autobuses urbanos son contrarias al contenido de los pliegos  del contrato que regulan el servicio, y tan sólo favorecen a la empresa.

Las condiciones y requisitos a los que se encuentra sujeto la prestación de la gestión privada del servicio de autobuses urbanos se encuentra regulada en los pliegos técnicos y administrativos que definen los términos de la concesión, y su posible modificación, sin que en ningún caso se contemple en los mismos una reducción en la frecuencia o la modificación de las líneas.

Según estipula el propio pliego de condiciones administrativas, el precio del contrato no podrá alterarse hasta que transcurra un año desde la entrada en vigor de la concesión, por lo que las limitaciones en el servicio planteadas por la empresa,  no supone una reducción del importe que deben asumir las arcas municipales que se sitúa en 775.000 euros al año, por lo que pagaremos el mismo precio por un nivel menor de prestaciones.

Para IU-Mérida carece de sentido que el Ayuntamiento acepte una modificación del contrato que en ningún caso supone una mejora de las condiciones del servicio para los usuarios, ahora que el riesgo y ventura corre a cuenta de la empresa concesionaria.

En estos términos, resulta sintomático que la empresa proponga una modificación de las condiciones del contrato que se encuentran estipuladas en los documentos que las regulan, apenas cinco meses después de su adjudicación, y en unos términos que tan sólo menciona una reducción de las prestaciones vinculadas al servicio, lo que nos lleva a pensar que se plantean con el único propósito del beneficio exclusivo del concesionario.

Debemos señalar, las condiciones estipuladas en los pliegos y demás normas reguladoras del servicios tienen carácter obligatorio para la empresa, y que tan sólo pueden llevarse a cabo mediante la aprobación del Ayuntamiento que tiene la facultad de interpretar el contrato y vigilar por su cumplimiento.

En este sentido, debemos señalar que la reducción del servicios que propone la empresa supone un ahorro para la misma, sin que en ningún caso se manifieste ningún tipo de ventaja para los usuarios que verán reducidos sus posibilidades de utilizar el autobús urbano.

Además debemos preguntarnos cuales pueden ser las consecuencias que puede tener sobre el empleo la reducción de frecuencias y paso de autobuses, ya que una reducción de horas en la prestación del servicio podría desembocar en una disminución del número de empleos necesarios para su cobertura.

En este sentido, resulta obvio que en las condiciones generales del servicio no se han modificado desde su adjudicación a primeros del mes de enero, por lo que  cualquier tipo de consideración sobre las mismas y deberían haberse incluido en los pliegos aprobados en el momento de su aplicación, o por parte de la propia empresa, a través de la oferta que presentó en su momento.

Por todo ello, tal y como hemos expresado en anteriores ocasiones, la privatización de este servicio se traduce en un aumento del coste para el usuario, la reducción de los servicios y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

Fdo: Izquierda Unida-Mérida.

En Mérida, a 25 de junio de 2014









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