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Izquierda Unida-Mérida ha presentado alegaciones al establecimiento de las ordenanzas reguladoras del servicio de Guardería Rural que pretende aprobar el  equipo de gobierno solicitando la retirada de las mismas.

La puesta en marcha del servicio municipal de Guardería Rural carece de los elementos imprescindibles para constituir un servicio público de utilidad a los agricultores y propietarios que dispongan de algún tipo de actividad o propiedad en el ámbito rural incluido en el término municipal de Mérida,

Así,  el único efecto real que tendrá la puesta en marcha de esta ordenanza será la aprobación de una nueva tasa sin que suponga el aumento efectivo de la oferta de  servicios públicos a disposición de los ciudadanos, que terminarán pagando a cambio de nada.

La adscripción de un total de seis funcionarios para el conjunto de un termino municipal de 900 kilómetros cuadrados durante horario de mañana, convierte el servicio en un instrumento, sin ninguna efectividad de cara al cumplimiento de vigilancia y asistencia que se les pretende asignar.

Esta situación, injusta de por sí, se agrava desde el momento en el que el 32% de las parcelas situadas en el ámbito de aplicación de estas ordenanzas disponen de una superficie menor a una hectárea, y por tanto difícilmente podrán verse beneficiadas por el establecimiento de este servicio, ya que no desarrollan ningún de actividad o uso por parte de sus propietarios.

Por otra parte, el diseño de  tasa fiscal  discrimina a quienes poseen propiedades favorece a los grandes propietarios, ya que mientras que el titular de una propiedad con una superficie menor a 1 Ha debe pagar 20€/Ha, aquellos que disponen de fincas con una superficie superior a 500Has, a lo que debemos sumar el hecho de que el pago de la tasa se realiza por cada una de las explotaciones de las que se sea titular, por lo que aquellos titulares que dispongan de una propiedad fragmentadas en varias parcelas deberán abonar un importe varias veces superior a aquellos que dispongan de una misma superficie, pero incluida en una única parcela.

A lo anterior debemos añadir el hecho de que en ningún caso el Ayuntamiento ha tenido en consideración elementos esenciales para determinar el valor del terreno, como puede ser el uso al que esté sometido y su productividad, ya que no es lo mismo gravar una hectárea de frutales, que genera ingresos y puede demandar algún tipo de servicio por parte de los guardas rurales, que imponer obligaciones fiscales a otras superficies como puede ser de pastos, que no genera ingresos, o apenas, y que difícilmente puede verse beneficiado por la puesta en marcha de este servicio.

En definitiva, desde IU-Mérida solicitamos al equipo de gobierno la retirada de una ordenanza cuyo propósito exclusivo es el aumento de los ingresos municipales, sin que en ningún caso suponga ningún tipo de contraprestación efectiva a favor de los vecinos de nuestra ciudad.



Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.


Portavoz de Izquierda Unida-Mérida.


En Mérida, a 26 de junio de 2013

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