Izquierda
Unida-Mérida ha presentado alegaciones al establecimiento de las ordenanzas
reguladoras del servicio de Guardería Rural que pretende aprobar el equipo de gobierno solicitando la retirada
de las mismas.
La
puesta en marcha del servicio municipal de Guardería Rural carece de los
elementos imprescindibles para constituir un servicio público de utilidad a los
agricultores y propietarios que dispongan de algún tipo de actividad o propiedad
en el ámbito rural incluido en el término municipal de Mérida,
Así, el único efecto real que tendrá la puesta en
marcha de esta ordenanza será la aprobación de una nueva tasa sin que suponga
el aumento efectivo de la oferta de
servicios públicos a disposición de los ciudadanos, que terminarán
pagando a cambio de nada.
La
adscripción de un total de seis funcionarios para el conjunto de un termino
municipal de 900 kilómetros cuadrados durante horario de mañana, convierte el
servicio en un instrumento, sin ninguna efectividad de cara al cumplimiento de
vigilancia y asistencia que se les pretende asignar.
Esta
situación, injusta de por sí, se agrava desde el momento en el que el 32% de
las parcelas situadas en el ámbito de aplicación de estas ordenanzas disponen
de una superficie menor a una hectárea, y por tanto difícilmente podrán verse
beneficiadas por el establecimiento de este servicio, ya que no desarrollan
ningún de actividad o uso por parte de sus propietarios.
Por
otra parte, el diseño de tasa
fiscal discrimina a quienes poseen
propiedades favorece a los grandes propietarios, ya que mientras que el titular
de una propiedad con una superficie menor a 1 Ha debe pagar 20€/Ha, aquellos
que disponen de fincas con una superficie superior a 500Has, a lo que debemos
sumar el hecho de que el pago de la tasa se realiza por cada una de las
explotaciones de las que se sea titular, por lo que aquellos titulares que
dispongan de una propiedad fragmentadas en varias parcelas deberán abonar un
importe varias veces superior a aquellos que dispongan de una misma superficie,
pero incluida en una única parcela.
A
lo anterior debemos añadir el hecho de que en ningún caso el Ayuntamiento ha
tenido en consideración elementos esenciales para determinar el valor del
terreno, como puede ser el uso al que esté sometido y su productividad, ya que
no es lo mismo gravar una hectárea de frutales, que genera ingresos y puede
demandar algún tipo de servicio por parte de los guardas rurales, que imponer
obligaciones fiscales a otras superficies como puede ser de pastos, que no
genera ingresos, o apenas, y que difícilmente puede verse beneficiado por la
puesta en marcha de este servicio.
En
definitiva, desde IU-Mérida solicitamos al equipo de gobierno la retirada de
una ordenanza cuyo propósito exclusivo es el aumento de los ingresos
municipales, sin que en ningún caso suponga ningún tipo de contraprestación
efectiva a favor de los vecinos de nuestra ciudad.
Fdo:
Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz
de Izquierda Unida-Mérida.
En Mérida, a 26 de junio de
2013
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