Izquierda
Unida-Mérida solicita a la delegación de personal que se abonen de oficio los
importes correspondientes a las prestaciones no salariales no abonadas a los
trabajadores durante los ejercicios 2010 y 2011.
La negativa del equipo de gobierno para pagar a los
funcionarios las prestaciones no salariales correspondientes a los ejercicios
2010 y 2011, ha tenido como resultado
una sentencia del juzgado de instrucción nº2 de lo contencioso de Mérida
apreciando la pretensión de un trabajador municipal que solicitaba el pago del
coste de una prótesis por parte del Ayuntamiento según lo establecido en el
Convenio Municipal.
Debemos señalar que durante este periodo al que hace
referencia el recurso del trabajador se encontraban vigente las disposiciones
que permitían a los funcionarios municipales disfrutar del pago por parte del
Ayuntamiento de una parte del coste de algunas prestaciones como puede ser la
adquisición de prótesis.
Esta situación pone de manifiesto las
irregularidades cometidas por el gobierno del Partido Popular, al negarse a
pagar a los funcionarios prestaciones incluidas en el convenio en vigor, lo que
puede suponer la iniciación de múltiples procedimientos judiciales contra el
Consistorio debido a las irregularidades señaladas por el juzgado, el abono de
las mismas y de las costas judiciales asociadas a los mismos.
A esto debemos sumar las presuntas irregularidades
cometidas por el gobierno de Pedro Acedo en el procedimiento adoptado a la hora
de eliminar este tipo de prestaciones del convenio marco municipal, ya durante
el ejercicio 2012.
Según establece la normativa vigente, la
modificación del convenio requiere
previamente la denuncia –anulación- del mismo y la aprobación de la nueva
redacción con arreglo al procedimiento legalmente establecido, un requisito
imprescindible que vulneró el equipo de gobierno al eliminar las prestaciones
no salariales del convenio, a iniciativa propia, mediante un mero acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, lo que tiene como consecuencia su nulidad de pleno
derecho.
Esta sentencia certifica el derecho de los
funcionarios municipales para solicitar el reintegro de las cantidad que
abonaran por este tipo de conceptos durante este periodo y que fueron
eliminadas irregularmente por el gobierno del
Partido Popular, y pone en evidencia la falta de respeto del equipo de
gobierno por el ordenamiento jurídico vigente.
Desde IU-Mérida afirmamos que resulta absolutamente
lamentable que los trabajadores se vean obligados a acudir a los juzgados para
hacer cumplir los derechos que la legislación les atribuye, y que el gobierno
municipal ha vulnerado sin ningún tipo de reparo.
Por todo ello, solicitamos al equipo de gobierno que
abone de oficio estas cantidades a los
trabajadores que les corresponda en derecho, y así evitar el pago de los costes
extras que supondría para las arcas municipales hacer frente a los diferentes
procesos judiciales que se iniciaran en su contra. Mediante el pago de las
costas judiciales y demás gastos vinculados a las mismas.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 04 de julio de 2013
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