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Izquierda Unida-Mérida solicita a la delegación de personal que se abonen de oficio los importes correspondientes a las prestaciones no salariales no abonadas a los trabajadores durante los ejercicios 2010 y 2011.

La negativa del equipo de gobierno para pagar a los funcionarios las prestaciones no salariales correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, ha tenido como resultado  una sentencia del juzgado de instrucción nº2 de lo contencioso de Mérida apreciando la pretensión de un trabajador municipal que solicitaba el pago del coste de una prótesis por parte del Ayuntamiento según lo establecido en el Convenio Municipal.

Debemos señalar que durante este periodo al que hace referencia el recurso del trabajador se encontraban vigente las disposiciones que permitían a los funcionarios municipales disfrutar del pago por parte del Ayuntamiento de una parte del coste de algunas prestaciones como puede ser la adquisición de prótesis.

Esta situación pone de manifiesto las irregularidades cometidas por el gobierno del Partido Popular, al negarse a pagar a los funcionarios prestaciones incluidas en el convenio en vigor, lo que puede suponer la iniciación de múltiples procedimientos judiciales contra el Consistorio debido a las irregularidades señaladas por el juzgado, el abono de las mismas y de las costas judiciales asociadas a los mismos.

A esto debemos sumar las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno de Pedro Acedo en el procedimiento adoptado a la hora de eliminar este tipo de prestaciones del convenio marco municipal, ya durante el ejercicio 2012.

Según establece la normativa vigente, la modificación del convenio  requiere previamente la denuncia –anulación- del mismo y la aprobación de la nueva redacción con arreglo al procedimiento legalmente establecido, un requisito imprescindible que vulneró el equipo de gobierno al eliminar las prestaciones no salariales del convenio, a iniciativa propia, mediante un mero acuerdo de la Junta de Gobierno Local, lo que tiene como consecuencia su nulidad de pleno derecho.

Esta sentencia certifica el derecho de los funcionarios municipales para solicitar el reintegro de las cantidad que abonaran por este tipo de conceptos durante este periodo y que fueron eliminadas irregularmente por el gobierno del  Partido Popular, y pone en evidencia la falta de respeto del equipo de gobierno por el ordenamiento jurídico vigente.

Desde IU-Mérida afirmamos que resulta absolutamente lamentable que los trabajadores se vean obligados a acudir a los juzgados para hacer cumplir los derechos que la legislación les atribuye, y que el gobierno municipal ha vulnerado sin ningún tipo de reparo.

Por todo ello, solicitamos al equipo de gobierno que abone  de oficio estas cantidades a los trabajadores que les corresponda en derecho, y así evitar el pago de los costes extras que supondría para las arcas municipales hacer frente a los diferentes procesos judiciales que se iniciaran en su contra. Mediante el pago de las costas judiciales y demás gastos vinculados a las mismas.


Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro



Portavoz de IU-Mérida.



En Mérida, a 04 de julio de 2013

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