Izquierda
Unida-Mérida considera que el cese de Leonor Nogales como delegada de personal
tiene su causa en la inminente celebración del juicio y en el que se dilucidará la legalidad de los
28 despidos realizados por el equipo de gobierno de Pedro Acedo en el pasado
mes de abril.
La
decisión adoptada por Pedro Acedo de modificar el reparto de responsabilidades
en el seno del gobierno municipal,
obedece -en nuestra opinión- al interés del Partido Popular en minimizar
el desgaste que puede provocar la resolución del juicio que tendrá lugar el
próximo cinco de febrero.
La
posibilidad de que la demanda interpuesta ante los juzgados de lo social reconozca posibles irregularidades en el
proceso de despido impugnado por algunos de los trabajadores afectados, ha
obligado al señor alcalde a situar al frente de la delegación de personal a un
miembro de su equipo que se encuentre en una posición menos comprometida, que
le permita eludir parcialmente las consecuencias de la posible resolución
judicial, ya que en ese caso, la continuidad de la señora Nogales provocaría la
dimisión forzada de la misma.
Así,
la explicación del cese de la señora Nogales no obedece a causas personales,
sino a la estrategia de Pedro Acedo para minimizar los costes de un posible
derrota en juzgado que ponga en entredicho la política de personal que ha
llevado a cabo el Partido Popular a lo largo de esta legislatura, y que se ha
mostrado como uno de los ejes centrales de la orientación y las prioridades del
equipo de gobierno.
En
otros términos, la multitud de cambios que ha sufrido el reparto de
responsabilidades en una único mandato resulta inaudita, y perjudica la aplicación de pautas de
especialización en el seno del equipo
de gobierno que les dote de continuidad y dificulta la consecución de objetivos a largo plazo.
Fdo:
Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz
de IU-Mérida.
En Mérida, a 31 de enero de 2014
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