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Izquierda Unida-Mérida afirma que la aprobación provisional del Plan de modificación puntual  llevada a cabo por el equipo de gobierno en el Polígono “El Prado”,  perjudica los intereses del Ayuntamiento y vulnera la legislación vigente en beneficio de los particulares que lo promueven.

El Plan de modificación puntual planteado por el PP, supone la división de una parcela  que fue cedida a un particular por un precio muy inferior al precio de mercado,  y todo esto bajo la condición de que en dicha ubicación se construyera una fábrica de materiales de construcción que nunca se llevó a cabo.

Por ello, el hecho de que se reservara a un único uso la totalidad del terreno impide que dichos terrenos se dividan en distintas parcelas a las que, además, se les pretende dar un uso diferente al preestablecido, lo que supone un doble incumplimiento dado que se divide una unida vinculada a un uso determinado, a la par que se pretende destinar a un uso diferente de aquel para el que fue concedido, por lo que se vulneran las condiciones establecidas en el pliego que reguló el concurso público para su adjudicación.

Así, resulta evidente que la propuesta realizada por los particulares es la de dividir el suelo, para más tarde venderlo a precio de mercado como unidades menores de las que podrán obtener un beneficio mucho más alto del precio por el que se le concedió en su momento.

En este sentido, la parcelación de los terrenos afectados no puede realizarse a través de un plan parcial de modificación, puesto que supone una alteración del Plan General de Ordenación Urbana, y por tanto una figura de ordenamiento de una norma urbanística de carácter de superior, por lo que su aprobación supondría una irregularidad no exenta de responsabilidades.

Aún así, las irregularidades que contiene el plan parcial aprobado provisionalmente por el Partido Popular no terminan con lo anterior, sino que además pretende modificarse un terreno calificado obligatoriamente por el PGOU como zona verde -para convertirlo en parcela de uso comercial-terciario-, por lo que la alteración del uso de este suelo requeriría la modificación del propio PGOU, y no la utilización de un plan parcial de modificación , lo que supone la nulidad de la actuación aprobada provisionalmente por el equipo de gobierno.

Finalmente, debemos señalar que la modificación que pretende aprobar el Partido Popular vulnera el límite del 25% de uso terciario establecido de nuevo en el PGOU para estas ubicaciones, por lo que del mismo modo vuelve a ser contrario a la legislación urbanística.

En definitiva, el plan aprobado provisionalmente por el PP pretende la apropiación y división ilegal de un suelo por aquellos que disfrutan de su propiedad ilegalmente, y que además persiguen dividir una propiedad que no es suya para su posterior venta, un hecho tan irregular como inaudito.

Por todo ello, Izquieda Unida-Mérida ha presentado alegaciones a la aprobación provisional de este plan de modificación que tan sólo podemos calificar como un pelotazo contrario a la legislación vigente, que perjudica los intereses del Ayuntamiento, en beneficio de los particulares que lo promueven.


Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.


Portavoz de IU-Mérida.


En Mérida, a 07 de marzo de 2014

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