Izquierda Unida-Mérida considera lamentable la
despreocupación y la falta de iniciativa que
muestra el equipo de gobierno por los daños que sufre la piscina del
“Polideportivo de La Paz”.
La decisión anunciada por el delegado de deportes de
no abrir al servicio la piscina del Polideportivo de La Paz, debido a la falta
de dinero para hacer frente a los gastos que supone la reparación del daños que
sufre el vaso de la piscina, pone encima de la falta de interés del gobierno
municipal a la hora de defender los intereses y los bienes que integran el
patrimonio municipal.
Según las declaraciones realizadas por el propio
Juan Carlos Perdigón, los daños que sufren las instalaciones municipales son
fruto de la realización de las obras de construcción de los inmuebles que
albergan las sedes de las consejerías de la Junta de Extremadura, junto al III
Milenio, lo que viene a significar que los daños son responsabilidad de un
tercero, lo que supone que los responsables del daño pudieran ser según
diversas consideraciones, la Junta de Extremadura, la empresa constructora, la
dirección facultativa, el responsable del contrato, o incluso la empresa que
redactó el proyecto de obras del inmueble que han provocado los desperfectos.
Según establece la legislación que regula la Ley
de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, o incluso el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las administraciones
públicas tiene el deber de administrar, gestionar, conservar y proteger los
bienes y derechos que integran su patrimonio público, un deber en el que- a
juzgar por los resultados obtenidos- los responsables municipales no han
invertido demasiados esfuerzos.
Desde IU-Mérida entendemos que el equipo de gobierno
tienen la obligación de identificar a
las personas físicas o jurídicas a los que la legislación les atribuya la
responsabilidad de los daños
ocasionados, para posteriormente, iniciar un
procedimiento que suponga la satisfacción de las cantidades necesarias
por parte del responsable, para la realización de las obras que permitan la restitución de las instalaciones afectadas a
la situación anterior a la producción de los
daños, ya que entendemos que el daño producido no es responsabilidad del
Ayuntamiento, sino de un tercero que deberá hacer frente a su responsabilidad
patrimonial.
En estos términos quisiéramos señalar que la adopción
de estas medidas supone una obligación legal, y no una actuación sujeta a la
libre voluntad del Concejal de Deportes, tal y como se deduce del artículo 9
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en el que se establece expresamente
que: “ Las Entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones
necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.”
Por todo ello, exigimos a los responsables
municipales que cumplan con sus funciones, que ejerciten la defensa del
patrimonio público, y se tomen mayor interés en desempeño de las
responsabilidades que les han sido encomendadas, sobre todo tiendo en cuanta en
perjuicio causado al patrimonio municipal y a los vecinos que un año más se ven
privados del uso de estas instalaciones.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 10 de junio de 2014
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