Izquierda Unida-Mérida muestra su total rechazo a las
medidas vinculadas a la refinanciación de la deuda municipal que considera tan
innecesarias, como injustas.
La aprobación del acuerdo
destinado a la refinanciación de la deuda adquirida por el Ayuntamiento debido
a la aplicación del mecanismo de pago de deuda con los proveedores, supone una
extensión del número de años establecidos para el pago de la deuda y de las condiciones
de pago de las misma, lo que en principio podría resultar positivo, sino fuera
por las condiciones draconianas que impone el Ministerio de Hacienda a las
entidades locales que pretendan beneficiarse de esta medida.
La aprobación de facilidades en
el pago de la deuda a proveedores está sometida a la autofinanciación de los
servicios públicos, y del incremento de muchos impuesto municipales hasta el
máximo permitido por la ley.
Debemos señalar que la adopción
de este aumento indiscriminado de la presión fiscal sobre el conjunto de los
vecinos, sólo se lleva a efecto si el gobierno municipal acepta aprobar la
refinanciación de la deuda, cosa que finalmente ha llevado a cabo, y por lo que
su aprobación era carácter potestivo, y no obligatorio.
Estas medidas carecen aún más de
sentido desde el momento en el que según los datos aportados por la
intervención municipal las cuentas municipales se verían saneadas
presumiblemente a partir de 2016, con un superávit cercano a los 614.000 euros.
La inmensa mayoría de los servicios
municipales son deficitarios debido a su naturaleza como instrumentos de
redistribución de la renta, definidos en torno al principio del interés general
y no bajo criterios de estricta rentabilidad económica. Es por ello, que muchos
servicios no cubren sus gastos, debido a que el precio que pagan sus usuarios
es menor al precio de mercado, lo que permite su accesabilidad por parte del
conjunto de los ciudadanos.
De este modo, la autofinanciación
de los servicios públicos mediante la equiparación de los ingresos y gasto
asociados a los mismo, supone un incremento de las tasas y precios públicos, lo
que implica que todos los vecinos verán aumentar el coste de los servicios
públicos, al margen de cual sean sus ingresos.
Así,
las medidas requeridas por el
Ministerio exigen expresamente que: primero; sólo podrán aprobar medidas que
determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo;
segundo, establecer para cada impuesto
local el tipo de gravamen máximo permitido en el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y la imposición de las fórmula de pago más elevadas
que permite esta ley con respecto al impuesto de rodaje.
Si
bien es cierto que la medida mejorará la economía del Ayuntamiento, por el
contrario perjudicará al conjunto de los emeritenses, que verán aumentar los
impuestos y el coste de los servicios públicos, lo que viene a confirmar la
distancia que existe entre los objetivos de la política del Partido Popular, y
la realidad y necesidades de las familias emeritenses. De nuevo el Ayuntamiento
se convierte en un obstáculo para el bienestar de los emeritenses, y se vuelve
a priorizar la consecución del objetivo del déficit por encima de la calidad de
vida de los ciudadanos.
Por todo ello, entendemos que la
política practicada por el Partido Popular tan sólo persigue la imposición de
un modelo fiscal más injusto y menos redistributivo, así como el apoderamiento
de la lógica del interés particular en la gestión de los servicios públicos
mediante los procesos de privatización.
Fdo: Izquierda Unida-Mérida.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 17 de junio de 2014
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