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Desde el Área Federal de Educación de IU se advierte de que la nueva normativa que prepara el ministro a través del Decreto-Ley de Creación y Reconocimiento de Universidades “quiere consagrar que las comunidades autónomas puedan revocar la autorización de funcionamiento a las universidades públicas o de sus centros que no cumplan una serie de exigencias mínimas, previsión que hasta ahora sólo se contemplaba para los centros privados”

Izquierda Unida, a través de su Área de Educación, denuncia la “expansión del negocio privado en la Educación Superior que auspicia el Gobierno del PP, eliminando requisitos para abrir nuevas universidades privadas y facilitando que las comunidades autónomas puedan cerrar universidades públicas a través del nuevo decreto-ley de creación y reconocimiento de Universidades que prepara”.

Desde 1997 las universidades privadas han proliferado en la geografía estatal de la mano del PSOE y del PP, pasando de 12 a 32, mientras que no se ha abierto ni un solo campus público y se mantienen los 50 que había. A estas 32 se suman 5 nuevos proyectos, los dos más recientes en la Comunidad de Madrid, donde el número de privadas doblaría ya casi al de públicas. Sin embargo, en estos 17 años no ha variado sustancialmente el número de estudiantes universitarios.

El coordinador del Área Federal de Educación de IU, Enrique Díez, denuncia que la repetida frase lanzada por altos responsables del Gobierno de Mariano Rajoy de que ‘hay demasiadas universidades’, “debería ser fiel a la verdad y afirmar ‘hay demasiadas universidades privadas’. La última universidad pública se levantó hace tres lustros y, sin embargo, en ese tiempo, el número de privadas se ha multiplicado por dos”.

En la misma línea, Díez señala que “la mayoría de los informes preceptivos emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria han sido negativos. Señalan  deficiencias graves en los proyectos de creación de nuevas universidades privadas y en la práctica totalidad de ellos se subraya la falta de encaje de la oferta de titulaciones propuestas, por innecesaria, en el marco de la programación general”.

Sin embargo, pese a que muchas de ellas no reunían todos los requisitos exigidos -con un 30% de profesores doctores, cuando el mínimo de Bolonia es el 50%-, ni garantizaban la calidad docente (la universidad ‘online’ Manuel Ayau patrocinada por una naviera, una empresa de talasoterapia y de transportes frigoríficos se sitúa en una casa de 23 metros cuadrados), ni una mínima actividad investigadora que no parece serles rentable (el 99% de la investigación se hace en los centros públicos), los distintos gobiernos autonómicos autorizaron la apertura de estos ‘negocios privados’ universitarios que se han convertido en fábricas de expender títulos a buen precio.

El responsable del Área de Educación de IU advierte de que “mientras ocurre esto, desde 2011 el Gobierno del PP presiona a estos mismos gobiernos autonómicos para que establezcan una reforma del ‘Mapa de Titulaciones Universitarias’ y les exige que supriman diferentes titulaciones públicas y que fusionen otras. Insiste, con su habitual neolenguaje, en que estos no son recortes de la Universidad Pública, sino reformas para ordenar y racionalizar”.

La nueva normativa del ministro José Ignacio Wert quiere consagrar por ley, como recoge el borrador de Real Decreto-Ley de Creación y Reconocimiento de Universidades, que las comunidades autónomas puedan revocar la autorización de funcionamiento a las universidades públicas o de sus centros que no cumplan una serie de exigencias mínimas, previsión que hasta ahora sólo se contemplaba para los centros privados.

Enrique Díaz afirma que “esto encaja con la filosofía de los actuales gobiernos autonómicos conservadores, que apuestan por recortar las universidades públicas, mientras autorizan y potencian las universidades privadas. Por ejemplo, el PP en las localidades de Torrent, Alzira, Xàtiva o Valencia ha cedido terrenos públicos para las universidades privadas, como también ha pasado en El Campello y Sant Joan.

Desde el Área de Educación de IU se insiste en que “son las universidades privadas las que han repetido y duplicado las titulaciones que había en la pública. Por ejemplo, la actual ‘burbuja universitaria’ del sector privado en Valencia ha acabado con años de planificación del sistema universitario público, como denuncian los rectores. El ejemplo más significativo son las ocho facultades de Medicina en el País Valencià, tres de ellas en Alicante.

Enrique Díez denuncia que ese mismo decreto-ley que prepara Wert “lamina la labor de la Secretaría General de Universidades del propio Ministerio de Educación, que no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas. Deja claro que no responden a uno de los tres motivos que la legislación actual establece para poder crearlas: demanda por razón de mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. La nuevas universidades privadas no tiene razón de ser ni responde a ninguna necesidad social, sólo al ánimo de lucro y beneficio de sus accionistas”.

IU advierte, además, de que simultáneamente a todo lo anterior “el PP ha desatado una campaña de desprestigio de los campus públicos para favorecer a los privados. A los recortes de más de 1.200 millones desde 2010 se suma el encarecimiento de matrículas y una mayor exigencia de notas para acceder a las becas. Se potencia así una nueva privatización del sector público, diseñada desde el Gobierno de Rajoy, pese a estar encargado de garantizar y gestionar los servicios públicos al servicio de todos”.

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