Izquierda Unida-Mérida afirma que las declaraciones de la
delegada de servicios sociales al respecto del momento y la oportunidad de la
convocatoria de la comisión de vivienda que participa en el proceso de
adjudicación de 20 viviendas sociales, no son ciertas..
Tal y como se indicó por parte del concejal de Izquierda
Unida en la mencionada comisión, las atribuciones de la misma son las que se
señalan en la norma reguladora, es decir la valoración de las solicitudes de
acuerdo con los baremos y puntuaciones que establece el decreto en vigor.
Así, el artículo 15.1 del
decreto 115/2006,
de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de
viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señala
literalmente “.Para la valoración de las solicitudes los Ayuntamientos
interesados, constituirán la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas
Sociales”.
Esta circunstancia supone que la valoración realizada por
los técnicos municipales debía haberse realizado por parte de los miembros de
la comisión cuya, composición,
constitución y funciones viene definidas por la norma que regula el
proceso.
Más aún, el acuerdo alcanzado durante la celebración de la
comisión fue precisamente la solicitud de un informe jurídico al respecto de la
legalidad del proceso y las funciones que debía desempeñar la comisión, por lo
que las afirmaciones de la delegada de servicios sociales mostrando la
legalidad y oportunidad del lugar que se le ha reservado a la mencionada
comisión están fuera de lugar, desde el momento en el que ese informe todavía
no ha sido evacuado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, a la vez que
muestra la intencionalidad del equipo de gobierno al respecto de esta cuestión.
En virtud del contenido de la normativa a la que hemos
hecho mención, resulta evidente que el procedimiento podría ser declarado nulo
de pleno derecho, en el caso de que no se respeten las funciones que la
normativa atribuye a la comisión de vivienda, es decir la valoración de todas
las solicitudes, por lo que fruto de la mala gestión del equipo de gobierno, el
conjunto del proceso de adjudicación podría carecer de validez legal.
En estos términos, consideramos que la falta de diligencia
mostrada por la delegación de servicios sociales tiene como principales
perjudicados a las personas que llevan esperando que se les adjudique la
vivienda de la que actualmente carecen.
Finalmente, desde IU-Mérida, queremos señalar nuestra
preocupación por el hecho de que estos procesos se alimenten del resultado de
procedimientos previos de desahucio, sobre titulares anteriores, lo que
significaría que la Junta de Extremadura prioriza la protección de su patrimonio
por encima de su labor como garante del derecho a la vivienda, reconocido en la
Constitución Española.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
Publicar un comentario