Izquierda Unida-Mérida y Siex afirman que el retraso en
la concesión del segundo pago de las ayudas sociales urgentes concedidas a los
Ayuntamientos por la Junta de Extremadura es responsabilidad de la gestión
realizada por el gobierno del Partido Popular en Mérida.
Las condiciones que establece el
decreto 10/2014, de 4 febrero para la concesión del segundo pago de estas
ayudas al Ayuntamiento de Mérida, exige que la administración municipal
justifique el 25% del pago y abono de las ayudas concedidas que correspondieron
al primer pago.
El hecho de que los servicios
sociales no se encuentren en disposición de aportar la documentación exigida
por la Dirección General de Política Social y Familia para el abono del segundo
pago resulta difícilmente justificable si tenemos en cuenta que las primeras
ayudas fueron concedidas a finales del mes de marzo.
El hecho de que otros
Ayuntamiento con más volumen de población, y por lo tanto de solicitudes
tramitadas, como Badajoz, o Cáceres, se
encuentren en situación de cumplir los trámites de justificación de los pagos
realizados, pone en evidencia de la
falta de diligencia con la que la delegación de servicios sociales del
Ayuntamiento de Mérida ha gestionado la prestación de estas ayudas.
En estos términos, la
responsabilidad sobre la gestión de las ayudas públicas tramitadas y concedidas
por la administración local recae única y exclusivamente en los titulares de
las distintas delegaciones y órganos administrativos competentes en la materia,
en este caso los responsables de los servicios sociales municipales.
Así, entendemos que cualquier
otra consideración implica responsabilizar a los ciudadanos de los resultados
de la gestión de los asuntos que son competencia de la administración
municipal, un gesto que podemos calificar al menos de infantil.
Desde aquí queremos recordar que
a los responsables municipales que los errores cometidos en el ejercicio de sus
funciones recaen directamente sobre el bienestar de los beneficiarios de ayudas cuyo propósito es el paliar
circunstancias de riesgo y exclusión social, a través de la satisfacción de
necesidades básicas, tales como el alimento, el vestido o la alimentación, lo
que supone agravante sobre los resultado de la gestión de la delegada de los
servicios sociales del Ayuntamiento de Mérida.
El hecho de que la delegada de
servicios sociales desplace la responsabilidad sobre los supuestos incumplimientos
de los beneficiarios de las ayudas conlleva que- según la versión del PP- que
las personas que solicitan estas ayudas en otros municipios disfrutan de un
mayor grado de responsabilidad o madurez que los emeritenses, un argumento
sencillamente insultante.
Desde IU-Mérida y Siex
consideramos que la responsabilidad de la gestión de los asuntos municipales
corresponde a sus gestores y a sus responsables políticos, que son quienes determinan las formas de
organización, funcionamiento y ejecución de las políticas publicas
desarrolladas por la administración municipal.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
Antonio Vélez Sánchez. Portavoz de SIEx en Mérida.
En Mérida, a 26 de
agosto de 2014
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