La propuesta de la patronal de las grandes empresas, asumida por el Gobierno español en la Reforma Laboral, y que la Ministra Báñez quiere poner en marcha a partir del 2015, supone la aplicación del modelo neoliberal más salvaje a la Formación Profesional y Continua. Se trata de un cheque de formación para desempleados de forma que éstos “seleccionen” el proveedor de cursos formación que consideren mejor.
De esta forma, la formación pasa de ser un derecho a una inversión individual de cada trabajador, en el que una persona podrá utilizar la cuantía de su cheque y canjearlo por la formación que encuentre o que pueda acceder. El modelo es similar a otras iniciativas como el cheque bebe, que ha supuesto el incremento de la privatización de la educación infantil de forma exponencial o el cheque escolar que provocó la privatización brutal de la educación en países como Chile, Colombia o Inglaterra que lo implantaron y que lo han eliminado por su total fracaso. Lo que busca esta medida es financiar indirectamente con el dinero público a los centros de formación privados no subvencionados con fondos públicos.
La investigación de los últimos quince años no muestra precisamente que el sistema de cheques o bonos formativos favorezcan una formación mejor y más equitativa para todos, sino que, más bien, provocan la redefinición y restricción de los fines de la formación, la segregación y el aumento de la estratificación social, el drenaje de recursos desde lo público a lo privado, la conversión de la formación en un negocio, perjudicando aún más a los trabajadores y sectores menos favorecidos.
Lo que sí han conseguido estos sistemas de cheques, es transferir la responsabilidad (que ya no es colectiva, sino individual) a los propios “clientes-parados”, dado que son quienes eligen. Las consecuencias de la elección deben asumirse individualmente (responsabilidad individual) liberando a la Administración de su obligación de garantizar un ‘derecho social’ y convirtiendo a las víctimas de las regulaciones laborales en culpables de su situación de paro por no saber seleccionar aquella formación que les reinserte en el mercado laboral. Los parados se convertirán así en responsables de su situación de desempleo.
La competitividad privada no garantiza una mejora de la formación. Abordar la formación desde una óptica puramente mercantilista, como propone este modelo diseñado por el padre del neoliberalismo Milton Friedman, convierte a los trabajadores en mercancía. Para los centros de formación sería más prioritario tener unas instalaciones vistosas o invertir en publicidad para conseguir la demanda de los clientes-parados antes que contratar profesionales cualificados como profesorado en condiciones laborales dignas o seleccionar al alumnado que sepan que tienen más posibilidades de inserción laboral, dejando a quienes más necesitan la formación excluidos. La lucha entre centros de formación sería encarnizada, llegando al extremo de lo ocurrido en Inglaterra con el escándalo de los exámenes falseados para ocupar los mejores puestos en los rankings publicitarios de excelencia.
La formación es un derecho que debe estar financiada públicamente a través de los impuestos progresivos que pagamos toda la población. No pueden destinarse los impuestos a rescatar bancos y financieras y decirnos que no hay dinero para la formación. Nuestros impuestos deben estar dirigidos a dar posibilidades de una vida, una formación y un trabajo digno a todas las personas que lo necesitan, no a engordar aún más la cuenta de dividendos de los grandes bancos y accionistas de multinacionales. Basta ya de saqueo a las arcas públicas y de privatización de los recursos públicos para el negocio privado.
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