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Izquierda Unida-Mérida exige a la delegada de urbanismo que haga públicos los motivos por los que la delegación que dirige contrató a empresas privadas para la realización de informes jurídicos sobre la situación legal de procedimientos administrativos tramitados por los servicios municipales.

El Ayuntamiento de Mérida contrató los servicios de la empresa Martínez Pereda Abogados para la realización de informes urbanísticos vinculado a la tramitación del Plan Parcial , aprobado en el último pleno, que afecta a terrenos situados en el Polígono el Prado. Una circunstancia a la que difícilmente justificable dado que la delegación cuenta con técnicos propios para la realización de este tipo de tareas.

Queremos señalar, que a la pregunta realizada a estos efectos por el concejal de Izquierda Unida en la comisión de urbanismo, la delegada de urbanismo respondió que se la contratación de este informe obedecía a que el personal municipal se encontraba de vacaciones, una respuesta que- a nuestro entender- no resulta coherente desde el momento en el que el periodo de alegaciones que obedece al objeto del procedimiento en cuestión concluyó en el mes de febrero.



La contratación de empresas privadas para la realización de tareas que pueden desarrollar los empleados municipales supone un despilfarro sin justificación, además de una pauta en la forma de actuar del Partido Popular durante esta legislatura.

Este tipo de situaciones pone en entredicho los argumentos esgrimidos por el PP en materia de recortes, ya que si bien no existen ningún tipo de pudor a la hora de reducir el gasto de personal aduciendo falta de presupuesto, por otro lado nos encontramos con situaciones en las que algunos de los cometidos que son propios de los empleados municipales, en realidad se llevan a cabo por empresas contratadas por el Ayuntamiento de Mérida, sin que exista ninguna necesidad, ni obligación legal para ello.

La contratación de este tipo de informes carece aún más de sentido, desde el momento en el que la realización de los mismos por parte de los funcionarios municipales es una obligación legal, y de hecho así se han emitido, por lo que la contratación de otros más supone una duplicidad sin objeto ninguno, ni finalidad.

Por todo ello, exigimos al Partido Popular que haga público además el coste que ha supuesto la contratación de estos informes, al tiempo que les rogamos que no desperdicien los recursos públicos, y respeten en mayor medida la profesionalidad y el trabajo de los empleados municipales.

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