Las condiciones impuestas por el
equipo de gobierno para la adjudicación de terrenos municipales a manos de
empresarios privados, supone la puesta a disposición de suelo municipal por
parte de un particular por un valor 50 veces inferior al que en su momento
determinó el Tribunal Central Administrativo de Recursos en materia de
contratación administrativa, adscrito al Ministerio de Hacienda.
Como ya es sabido, el
Ayuntamiento impulsó la cesión de este mismo procedimiento a favor del mismo
beneficiario, en una ocasión anterior que no llegó a buen fin, debido a que en
octubre de 2013, una resolución del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales establecía que el precio del objeto del procedimiento no era cercano a
100.000€, como aseguraba el Ayuntamiento
si no de 5.000.000 de euros al entender que debían incluirse el valor de
las obras que pretendían realizarse sobre el terreno en cuestión , por lo que
el TACRC resolvió declarar nulo el procedimiento de concesión del suelo
impulsado por Pedro Acedo. A parte de otras cuestiones formales de
procedimiento que igualmente vulneraban la legislación aplicable.
Las razones por las que los
servicios municipales valoran el objeto del contrato en un importe muchísimo
menor la encontramos en la obligación del cesionario de abonar un canon que se
calcula como porcentaje sobre el precio inicial, así cuanto mayor es el valor,
mayor resulta el canon que debe abonar mensualmente aquellos que disponen del
suelo adjudicado para realizar la actividad que fuere.
En la mencionada resolución, el
TACRC constató que el procedimiento y la normativa aplicable no era la
correcta, pero a pesar de ello, el Partido Popular ha vuelto a establecer el mismo precio, sobre los
mismos terrenos, y en virtud del mismo procedimiento y legislación –y muy
posiblemente en beneficio de los mismos empresarios-, todo ello en contra de la
voluntad previa del ministerio de hacienda expresada en resoluciones
anteriores.
Todo esto pressupone que el
Partido Popular es consciente de las ilegalidades que está cometiendo, a pesar
de lo cual considera oportuno correr el riesgo para favorecer a sus empresarios
afines, y todo a costa del patrimonio y los intereses municipales
Para IU-Mérida, este tipo de
actuaciones suponen una verdadero acto de saqueo por parte de Pedro Acedo y del
Partido Popular, que no cejan en su empeño de mostrarnos su intención de
beneficiar a sus círculos cercanos en el ejercicio de sus labores de gobierno,
sin ninguna consideración a la legalidad, o a la decencia..
Finalmente, consideramos que el
alcalde y candidato del PP en las príximas elecciones municipales debe explicar
cuál es el motivo por el que el Ayuntamiento que él dirige pretende adjudicar
un terreno de 15 hectáreas, durante un periodo de hasta 99 años, por el importe ridículo de 6277€ al año para
la construcción de un hotel, una estación de servicios y zona de
estacionamiento para vehículos pesados, mediante un procedimiento que-
previamente la administración general del Estado ha declarado irregular, mediante
resolución expresa dictada al efecto, tomando como valor de cálculo un importe
50 veces inferior al señalado por el Tribunal Central Administrativo de
Recursos Contractuales.
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