IU-Mérida
afirma que la sentencia dictada por la audiencia sobre Prudencio Álvarez, ex
gerente de la EMT, durante el periodo comprendido entre 2001 y 2007, por la que
se le condena a cuatro años y medio de cárcel, ocho años de inhabilitación
absoluta y el pago de una indemnización de 56.723 euros, pone en entredicho la
actuación de Pedro Acedo, y exigimos que explique los motivos por los que no
tomó ninguna medida, una vez que se conocieron los hechos.
La
constatación de la responsabilidad penal de los hechos protagonizados por el ex
gerente, y la firme voluntad que ha mostrado la fiscalía desde el principio del
proceso a la hora de imputar y dilucidar las sus consecuencias, se contraponen
con la falta de determinación que ha mostrado el Partido Popular, y
concretamente el alcalde Pedro Acedo a la hora de aclarar los diferentes
aspectos de esta cuestión, cuando tuvieron lugar.
El
señor Pedro Acedo debe explicar al conjunto de los emeritenses cuales fueron
los motivos por los que el Partido Popular retiró al acceder de nuevo a la
alcaldía de 2011 al Ayuntamiento como acusación particular en el proceso
judicial que finalmente ha determinado que Prudencio Álvarez no es más que un
delincuente.
La
actitud del Partido Popular al respecto resulta tan lamentable, que en caso de
que el anterior gobierno no hubiera acudido a la fiscalía, los hechos que son
objeto de la sentencia, y que a día de hoy se consideran un delito, hubieran
quedado absolutamente impunes.
Por
otro lado, todavía está por dilucidar cuales fueron las razones por las que se
permitieron los cuantiosos gastos, que el Ayuntamiento pagó a semejante sujeto,
de los que existen numerosos testimonios documentales, durante en un momento en
el que Pedro Acedo era alcalde, en concepto de viajes, hoteles y banquetes que
en ningún caso debía pagar el erario público..
En
este sentido, debemos recordar que la existencia de otras circunstancias del
mismo periodo de las que existen pruebas documentales, como el pago de facturas
de teléfono a favor de antiguos secretarios de Pedro Acedo, a cargo de la EMT,
cuando ya no era empleado de la misma, sitúan al actual alcalde en un posición
muy débil, ya que en ningún momento adoptó ninguna medida para solventar las
tropelías señaladas, a pesar de la existencia de documentación acreditativa al
respecto en poder de la propia administración municipal.
La
administración municipal, así como los servicios de la EMT, disfrutan de las
competencias legales y administrativas para haber exigido el reintegro de las
cantidades indebidamente cobradas por el ex gerente, lo que resulta todavía más
sorprendente desde el momento en el que la EMT como sociedad mercantil de
propiedad pública, sujeta a procedimientos de auditoría y de fiscalización del
gasto que debieran haber garantizado mínimamente la adecuación de los pagos a
la legalidad vigente.
Todo
esto, nos presenta un escenario en el que sólo cabe concluir que la falta de
diligencia y permisividad con la que el Partido Popular ha tratado esta
cuestión desde un primer momento, debido a los lazos existentes entre el
condenado y otros miembros del PP, del que fue afiliado desde los tiempos de
Alianza Popular, no es en absoluto fruto de la inocencia o de la casualidad.
Para
el conjunto de afiliados de la asamblea local de IU-Mérida, los que consienten
la corrupción, son tan culpables como los propios corruptos.
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