La gestión del Plan Urban
requiere un trabajo constante de justificación y contabilización de los fondos
aportados por la Unión Europea, que hasta finales de 2013 fue encomendada a una
empresa, como órgano externo dedicado a la fiscalización, elegibilidad y contabilización de los gastos asociados a
este plan. El incumplimiento de estas obligaciones podría suponer la imposición
de sanciones contra el Ayuntamiento de Mérida.
La empresa que realizaba estas
funciones a modo de órgano externo de fiscalización, fue separada por el Partido
Popular del desarrollo de estas funciones, que decició resolver el
contrato en diciembre de 2013
La finalización de este contrato, por voluntad del equipo de
gobierno, supuso un vacío en la gestión del mismo y posiblemente dificultara el
cumplimiento de la normativa vigente para su aplicación, ya que el PP no
dispuso de ningún mecanismo para que las funciones realizadas por esta empresa
fueran asumidas por otro órgano.
La delegación del Plan Urban no
inició el procedimiento de licitación para adjudicar el ejercicio de estos
cometidos hasta el 11 de abril, fecha en la que se lleva a cabo la publicación
del anuncio de licitación. Este procedimiento se vío truncado debido a la
renuncia del Ayuntamiento a tramitar el expediente, según se publicó en el BOP
de Badajoz en fecha del 30 de julio del mismo año.
Finalmente, el 31 de julio de
2014, el Ayuntamiento publica un anuncio para la licitación de un contrato de
asistencia técnica para la gestión del conjunto de las subvenciones
comunitarias, y que ha sido resuelto hasta el mismo día de ayer,
En definitiva, tras un año desde
que el PP decidió finalizar el contrato que atribuía estas funciones a una
empresa externa, la delegación del Plan Urban no tomado ninguna medida para el
cumplimiento de las obligaciones que al respecto establece el artículo 13
del Reglamento (CE) nº 1828/2008, una circunstancia que ya señalamos desde
IU-Mérida hace un año, sin que hasta ahora tengamos noticia de cuales han sido
los mecanismo adoptados por el Partido Popular para hacer frente a las
obligaciones impuestas por la normativa comuniataria durante el año 2014,y
comienzos del 2015.
Desde IU-Mérida, exigimos al
Partido Popular que aclare cuales han sido los mecanismos adoptados para la fiscalización
y contabilización de los fondos mencionados.
Publicar un comentario