El
contenido del informe concluye que la tramitación de este plan es contraria a
derecho. La delegada de Urbanismo hizo caso omiso a este documento: un hecho
que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación del que pueden
deducirse responsabilidades penales.
La
intención de la delegada de urbanismo era simplemente la de modificar los
instrumentos legales que regulan la calificación de un suelo, que pasaría de
industrial a urbano para alterar su valor, presumiblemente con el propósito de
favorecer a un empresario cercano al Partido Popular, que vería incrementado su
patrimonio a costa del erario público.
El
informe, al que ha tenido acceso IU Mérida, fue solicitado expresamente por la
delegada de urbanismo, que a la vista de su contenido -contrario a las
pretensiones del PP- determinó no incorporarlo a la documentación que formaba
parte del expediente que se facilitó a las fuerzas de la oposición.
Según
el contenido del informe, la modificación del Plan Parcial del sector SUP-PA-01
estaba sujeto a la regulación del convenio firmado en su momento entre el SEPES
y el Ayuntamiento de Mérida, por el que cualquier tipo de modificación en dicho
terreno requería del acuerdo expreso de ambas partes: un trámite que no se
llevó a efecto, y que convierte en ilegal la tramitación y aprobación del Plan
Parcial.
La
tramitación del plan de modificación parcial no sólo no contó con la aceptación
del SEPES, sino que incluso esta misma entidad llegó a plantear alegaciones en
el procedimiento para oponerse a su tramitación y aprobación por considerarlas
contrarias al ordenamiento jurídico, justamente en el mismo sentido en el que
se pronuncian los funcionarios municipales.
Debemos
señalar que la Estipulación Quinta del mencionado Convenio de Colaboración
señala expresamente que si el Ayuntamiento "durante la vigencia de este
convenio tuviere la necesidad de modificar el planeamiento, se compromete a
consensuarlo previamente con SEPES”.
Por
todo ello, exigimos a Raquel Bravo como delegada de Urbanismo y
vice-alcaldesa del Ayuntamiento de Mérida que explique cuales son los motivos
por los que ha vulnerado la legislación
vigente y ha ocultado información a las fuerzas de la oposición en la
tramitación de un procedimiento cuya única consecuencia puede ser el
enriquecimiento de terceros a costa del patrimonio municipal.
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