La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
de ocho de enero, por la que se declara la improcedencia de los despidos de dos
empleados municipales realizados por el gobierno de Pedro Acedo, pone en
evidencia la política de personal del PP.
Según el TSJ, la realización de
múltiples contrataciones de personal en fechas posteriores al despido de los
trabajadores adscritos al programa de familia del Ayuntamiento de Mérida,
determina la improcedencia de los despidos que se llevaron a efecto en abril de
2013.
Así, el TSJ, argumenta que
resulta incompatible realizar despidos aduciendo la mala situación económica
del Ayuntamiento y seguidamente llevar a efecto la realización de procesos
selectivos en fechas inmediatamente posteriores a aquella en la que se lleva a
cabo el despido de trabajadores municipales alegando causas de incapacidad económica.
La sentencia contempla que los
trabajadores deberán ser readmitidos por el Ayuntamiento, o bien indemnizados
con un importe de 62.242€, en concepto de los salarios que han dejado de
percibir desde su despido, así como por la diferencia que existe entre las
indemnización de despido procedente, y el improcedente dictada por el TSJ.
Como en tantas ocasiones la
ineptitud del equipo de gobierno se traduce en una política de personal que no
sólo viola los derechos de los trabajadores, sino que además supone un
desembolso extra para las arcas municipales.
En caso de que el Ayuntamiento
decida no readmitir a los trabajadores municipales, los 62.242€, deberemos
sumarlos a los cerca de 62.000€, que hasta ahora ha supuesto la
representación legal contratada por el
Ayuntamiento, los 25.000€ de indemnizaciones anteriores, así como los 313.000€ que
se abonaron en 2013 en concepto de indemnizaciones de despido.
La decisión del TSJ, adquiere
mayor relevancia puesto que el pronunciamiento del tribunal se fundamenta en
sentencias de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo, recaídas con
anterioridad.
Debemos señalar, que estos
despidos se suman a la improcedencia de otros despidos anteriores, como son los
relativos a los conserjes de los colegios públicos, los empleados de la EMT, la
anulación del ERE de la Empresa Mixta de Turismo y los agentes de desarrollo
local, lo que viene demostrar la ineptitud del gobierno del PP y el desprecio
que dedican a la normativa laboral.
Para IU-Mérida, todos estos
argumentos nos empujan a calificar la política de personal del gobierno de Pedro Acedo como despreciable.
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