El episodio de la calle José
Simón Rodríguez, que durante dos años ha estado sujeta al régimen de
estacionamiento de la zona azul, a pesar de que no encontrarse incluida en la
ordenanza reguladora, supone un ejemplo sonrojante de la falta de control del
las autoridades municipales sobre la actividad de las empresas concesionarias
que gestionan los servicios públicos privatizados en nuestra ciudad.
El
artículo 279.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
señala con respecto a los contratos de gestión de los servicios públicos: “la
Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar
la buena marcha de los servicios de que se trate.”.
Así,
la obligación de controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de la
ejecución del contrato por parte de la empresa concesionaria recae sobre las
autoridades municipales, que de nuevo, han vuelto a hacer gala de una
incompetencia que raya el ridículo.
En nuestra opinión, este tipo de
situaciones sólo pueden encontrar su explicación bien en el incompetencia de
los gestores municipales, bien en la posible connivencia que, en su caso,
pudiera producirse entre las autoridades municipales y la empresa que gestiona
el servicio.
El hecho de que este incumplimiento se
haya extendido en el tiempo durante un periodo de más de dos años, pone de
manifiesto la que las empresas concesionarias que gestionan servicios públicos,
campan a sus anchas en nuestra ciudad,
sin ningún tipo de consideración al interés general, en perjuicio de los
derechos de los ciudadanos.
La dejadez del Ayuntamiento, y la
absoluta falta de diligencia del Partido Popular a la hora de exigir el
cumplimiento de las obligaciones que les son propias a las empresas
concesionarias demuestran que el discurso de la eficiencia y eficacia en la
gestión que el PP atribuye a las empresas privadas se reduce al papel de mera
propaganda, cuando no a la intención de beneficiar intereses que poco o nada tienen
que ver con los la consecución del interés general.
Desde IU-Mérida exigimos al Ayuntamiento
que haga público, las medidas que pretenda adoptar para determinar la
responsabilidades que se puedan deducir de unos hechos como los ocurridos.
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