Según consta en el artículo 32.2
del pliego de prescripciones administrativas que regula las condiciones y
requisitos que rigen la prestación del servicio la autorización por parte de la
empresa del acceso a sus datos de la seguridad social, consta como una
obligación del concesionario.
La Ley 3/2011 de 14 de noviembrede Contratos del Sector Público establece en los pliegos de condiciones
administrativas: “incluirán
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de
las partes del contrato”, asimismo señala que “los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos
particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos”, tal
y como rezan en los artículos 115.2 y 3 de la mencionada ley.
Esto significa que FCC tiene la
obligación legal y contractual de facilitar los datos que IU-Mérida ha
solicitado al Ayuntamiento, y que el equipo de gobierno debe ejecutar en virtud
de la competencias de inspección y policía que le atribuye tanto la legislación
vigente como los documentos que estipulan las condiciones, derechos y
obligaciones del concesionario y de la administración municipal.
Según los datos que obran en
poder de IU-Mérida, tras la nueva privatización del servicio de recogida de
basura y limpieza viaria recibe mensualmente el pago correspondiente a las
nóminas de 119 trabajadores, a pesar de que sólo dispone de 95 trabajadores
adscrito a este servicio, lo que supone el cobro indebido de 24 nóminas por
personal que no existe en la plantilla de la empresa.
Por otra parte, no alcanzamos a
entender cuales son los motivos por los que el gobierno del PP no ha iniciado
ningún tipo de actuaciones de comprobación similar a la que ahora solicita
IU-Mérida, ya que la información de la que dispone nuestra organización también
ha sido puesta a disposición de las autoridades municipales, y concretamente ha
sido comunicada directamente al alcalde de Mérida por parte de los trabajadores
de la empresa.
La pasividad que hasta la fecha ha mostrado la administración
municipal y el propio alcalde al respecto de esta situación, podría conllevar
la asunción de todo tipo de responsabilidades, ya fueren administrativas o
disciplinarias con respecto a los funcionarios implicados en los diferentes
procedimientos, así como las responsabilidades penales que se pudieran deducir
de corroborarse las circunstancias que han denunciado los trabajadores.
El silencio del equipo de
gobierno viene a incrementar las sospechas de connivencia, complicidad y
corrupción que se ciernen tanto sobre el PP como sobre los responsables de FCC.
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