Izquierda Unida-Mérida exige al Partido Popular que explique
la inclusión en su lista electoral de Raquel Bravo, imputada por
prevaricación.
El desempeño de cargos públicos requiere el cumplimiento de
requisitos mínimos tales como el respeto a la legislación vigente, la decencia,
y la honestidad, unos criterios a los que la señora Bravo ha mostrado su
desprecio en multitud de ocasiones.
La ocultación de informes a la oposición sobre asuntos a
tratar en el pleno, la tramitación de procedimientos al margen del
dictamen de los técnicos municipales, y
finalmente su imputación por un presunto delito de prevaricación por parte del
juzgado número dos del contencioso-administrativo, convierten a la actual
delegada de urbanismo en la antítesis de las cualidades que debe reunir
cualquier persona que pretenda desempeñar un cargo electo.
El hecho de que ninguna de estas circunstancias haya sido
valorada por Pedro Acedo como causa suficiente para provocar su cese como
delegada de urbanismo y concejala del grupo municipal del Partido
Popular, convierte al actual candidato en el responsable y cómplice de las
actuaciones de la concejala.
La presencia de personas con este perfil desacredita la
solvencia y credibilidad tanto del Partido Popular, como del resto de los
miembros de la candidatura que no muestran reparo a la hora de formar parte de
una lista electoral que cuenta con la participación de persona de esta índole.
Asimismo, la elección de Raquel Bravo como número 4 de la
candidatura del Partido Popular para las elecciones locales, se nos antoja como
un síntoma de la falta de relevancia que el PP dedica a principios esenciales
en el ejercicio de la política como la ejemplaridad, o el respeto a las
nociones más básicas como son la honestidad y la decencia.
En nuestra opinión la designación de alguien con este perfil como miembro de una candidatura desafía los mínimos exigibles al sentido común.
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