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Izquierda Unida-Mérida incluirá en su programa electoral la aprobación de una ordenanza para garantizar el acceso al suministro de luz, agua, gas, alimentación y bienes de primera necesidad para las familias sin ingresos.

La finalidad de esta ordenanza será la de garantizar la cobertura de servicios básicos como el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, o la disposición de una cantidad mínima de alimentos que permitan garantizar un nivel mínimo de bienestar al margen de su niveles de renta.

Esta medida se encuentra incluida dentro del Plan de Emergencia Social que pretende desarrollar IU-Mérida durante la próxima legislatura como instrumento municipal para atender las situaciones de primera necesidad que satisfacerse con carácter inmediato.

Los destinatarios de estas medida serían aquellos hogares en los que no conste la existencia de ingresos regulares debido a situaciones de desempleo, o aquellos en los  que no se superen niveles de renta objetivos, como pueden ser el IPREM (539€/mes), entre otros, en virtud de criterios como pueden ser el número de miembros de la unidad familiar, o el nivel de ingresos percibidos mensualmente.

La ajustada situación financiera del Ayuntamiento de Mérida no puede ser un obstáculo para garantizar el acceso a bienes tan necesarios como el agua corriente, la luz, o hacer frente a gastos como puede ser la reparación de una lavadora o de un calentador en pleno invierno. En estos términos, la aprobación de algunas medidas aprobadas a instancias de IU-Mérida como pueden ser la subvención sobre el recibo del agua, son positivas, pero claramente insuficientes.

La falta de recursos económicos se traduce en muchos casos en la incapacidad de las familias para acceder a estos servicios que consideramos básicos y cuyo disfrute debe garantizarse con carácter universal.

Desde el comienzo de la crisis , hemos asistidos a situaciones dramáticas en las que muchas familias carecen de los recursos necesarios para satisfacer necesidades tan básicas como mantener su hogar en condiciones de temperatura saludables, una circunstancia que no consideramos propia de una sociedad civilizada. 

En nuestra opinión, la existencia de derechos individuales así como la propia condición de ciudadano, carece de toda validez desde el momento en el que una sociedad no puede garantizar unos mínimos vitales de existencia al conjunto de su población.

Desde IU-Mérida, la adopción de medidas de esta índole se muestra como un elemento prioritario, que haga valer el papel de las administraciones públicas como un instrumento al servicio de los ciudadanos y valedores de los derechos que les asisten.

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