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| Pedro Acedo con un plano de la finca de Royanejos. |
Los informes de los técnicos de la delegación de Contratación, advirtió a Pedro
Acedo y al resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local sobre las
ilegalidades presentes en la licitación del derecho de superficie para la
instalación de un área de estacionamiento y servicios de vehículos pesados de
15 hectáreas en la finca municipal de Royanejos, que se inició el 14 de agosto
de 2014.
Esto implica que tanto el
delegado de Contratación, Daniel Serrano, como la Delegada de Urbanismo y
Vicealcaldesa Raquel Bravo, que impulsó el procedimiento, como el Pedro Acedo
en su calidad de Alcalde, eran conocedores de que el procedimiento de
licitación era nulo de pleno derecho, a pesar de lo cual continuaron con su
tramitación.
Debemos señalar que una vez que
el procedimiento fue declarado nulo de pleno derecho en ocasiones distintas por
parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito
al Ministerio de Hacienda, Pedro Acedo llegó a afirmar que la anulación del
procedimiento fue responsabilidad de los errores de los técnicos municipales,
declinando cualquier tipo de responsabilidad sobre su persona.
El informe de los técnicos de la
delegación de Contratación, fechado el 24 de julio de 2014, señala que la
celebración de este procedimiento vulnera el artículo 22.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público, en el que se señala que los “Los entes, organismos y
entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos
que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus
fines institucionales” (...), la naturaleza y extensión
de las necesidades que pretenden cubrirse (...), así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes
de iniciar el procedimiento”.
El informe firmado por técnicos
de la delegación de Contratación expresa textualmente: “Esas necesidades a
la vista de los preceptos citados, no aparecen, a juicio de esta técnico
debidamente justificadas al no acreditarse los fines e intereses
institucionales que se pretenden conseguir, máxima al encontrarse ante un
servicio o competencia propia y obligatoria para el municipio, lo que podría
implicar falta de motivación y con ello ser causa para anular la totalidad del
procedimiento y actos que se pudieran dictar.”
A estos efectos debemos señalar que los propios técnicos
requirieron por escrito a la delegada de urbanismo para que subsanara los
errores mencionados en una fecha anterior, sin que la delegación dirigida por
Raquel Bravo aportase los elementos de juicio suficientes para justificar la tramitación
del expediente, motivo por el que dicta en expediente al que estamos haciendo mención.
Los informes a los que hemos
hecho mención demuestran que el Alcalde y los delegados implicados en la tramitación
de la adjudicación conocían las
irregularidades de las adolecía el expediente.
Debemos señalar que una vez que
el procedimiento fue declarado nulo por parte del Ministerio de Hacienda, el
alcalde culpó a los funcionarios municipales de las irregularidades de las que
adolecía el expediente.
Los informes exculpan de
cualquier responsabilidad de los empleados públicos, y señala a la
delegada de urbanismo, al delegado de
contratación y al propio alcalde como responsables directos de la continuación
de un procedimiento adjudicación ilegal, en el que según el propio TACRC, se
pretendía adjudicar un contrato por una cantidad 50 veces menor a su valor de
mercado.
Desde IU-Mérida se nos plantea
la duda sobre cuales fueron los motivos que motivaron a los responsables
políticos del Partido Popular para impulsar y aprobar la tramitación de un
procedimiento en estas circunstancias.
Del mismo modo, resulta
especialmente preocupante que tanto el candidato a la alcaldía del PP,
como personas que forman parte de la
candidatura demuestren un falta de pudor de este calibre a la hora de vulnerar
la legislación vigente y obviar los informes de los técnicos municipales.
Este procedimiento de licitación
se declaró nulo a instancias de un recurso presentado por IU-Mérida.
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