El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha
admitido a trámite la demanda presentada por IU-Mérida contra la aprobación
definitiva de la modificación del Plan Parcial
del sector SUP-PA-01/201 en la unidad de ejecución UE-1 del Polígono “El
Prado”.
El terreno que es objeto del
procedimiento fue adquirido por su actual dueño al Ayuntamiento de Mérida por
un precio muy inferior al valor de mercado,
bajo la condición de que se construyera en dicha parcela una fábrica de
material de construcción, en el plaza de cinco años, sin que en ningún momento
se haya llevado a cabo el inicio de la obra a la que estaba condicionada la
adquisición de la parcela.
El Plan Parcial que aprobó el
gobierno de Acedo, y contra el que se ha dirigido la demanda, así como el
programa de ejecución, que en estos momentos se encuentra en tramitación,
tienen como propósito dividir el terreno y destinarlo a una finalidad distinta
a la construcción de la fábrica, a la que se encontraba sujeta la concesión del
terreno en condiciones tan ventajosas para el empresario que adquirió esta
parcela en condiciones tan ventajosas en pleno “boom” especulativo.
Así, la división del terreno
afectado por la modificación parcial pretende la modificación del uso público
del terreno, en beneficio exclusivo del empresario que adquirió el terreno.
Esto significa que el
Ayuntamiento está consintiendo de un modo consciente y reiterado la vulneración
de la legislación vigente, ya que se adjudicó una parcela en condiciones
ventajosas de cara al cumplimiento de unas condiciones que no se han realizado,
para luego consentir que aquellos que adquirieron el terreno no sólo no cumplan
las condiciones sino que además pretenden modificar las condiciones de uso del
terreno, con la connivencia de la delegación de urbanismo en la tramitación del
procedimiento.
La connivencia del Ayuntamiento
de Mérida en este despropósito llega hasta el extremo en el que la delegada de
urbanismo llegó a ocultar informes jurídicos a la oposición en el que los
servicios municipales dictaminaban que el procedimiento de modificación del
plan parcial era contrario a la legalidad vigente.
Asimismo, debemos señalar que la tramitación
del procedimiento judicial se ha visto retrasada debido a que la delegación de
urbanismo ha incumplido en plazo concedido por el TSJ para la remisión del
expediente administrativo
Las modificaciones propuestas por
el actual propietario no sólo vulneran el acuerdo inicial, sino que además son
contrarias al Plan General de Ordenación Urbana, en beneficio exclusivo del
empresario, y en detrimento del patrimonio municipal
Los incumplimientos del
empresario, se completan con la aportación por parte del Ayuntamiento de una
parcela de uso comercial, y otra de uso residencial a favor de este mismo
empresario situada justo al Hospital, debido a razones de falta de
edificabilidad de unas obras que todavía no se han iniciado.
La tranquilidad mostrada por parte de la delegada de urbanismo sobre la tramitación del mencionado plan parcial es sólo compartida por ella misma, ya que las dudas sobre la legalidad del expediente se han trasladado a una parte significativa de sus propios compañeros de partido, tal y como se puso de manifiesto en la última comisión de urbanismo en la que algunos representantes del PP exigieron a la delegada de urbanismo que garantizara la legalidad de los trámites realizados.
Las dudas que albergan parte de los miembros del grupo municipal popular ha provocado el retraso de la celebración del último pleno, que debería haberse celebrado el pasado jueves 07 de mayo, ya que algunos concejales del PP se niegan a dar su voto favorable en el pleno a los trámites que son necesarios para la ejecución del mencionado plan, ya que esto supondría que podrían incurrir en responsabilidad legal en caso de que se constara algún tipo de irregularidad.
Desde IU-Mérida no descartamos la
posibilidad de acudir a fiscalía en el caso de que la sentencia sobre esta
procedimiento establezca cualquier tipo de responsabilidad de cualquier otro
orden.
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