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Izquierda Unida Mérida defiende la gestión pública de los servicios municipales como modelo de gestión para mejorar la eficacia y evitar posibles corruptelas.


La privatización de los servicios públicos en Mérida durante esta legislatura se ha traducido en una reducción de la calidad del servicio, el aumento del coste del servicio para el usuario, y la reducción tajante de los derechos de los trabajadores.
La gestión privada de servicios públicos ha supuesto una reducción en calidad de los servicios públicos, tal y como ha ocurrido con el servicio de  recogida de la basura, como puede apreciarse en el hecho  de la disminución de la frecuencia del servicio, que ya no se realiza los sábados, o en la reducción de la plantilla que ha provocado el empeoramiento de las condiciones de limpieza de nuestra ciudad.
La privatización del servicio de autobuses ha supuesto un incremento del precio del billete, la eliminación de algunas paradas como la de la barriada de “El Carrión”, y el empeoramiento de las condiciones laborales de los conductores, que ahora se ven obligados a realizar su trabajo durante ocho horas al día sin descanso, debido a la disminución de la plantilla, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores y de los propios viajeros.
Por otra parte, la privatización del servicio de limpieza de edificios municipales ha tenido como consecuencia continuas vulneraciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, debido a que la empresa, en este caso Grupo Abeto, se ha negado en reiteradas ocasiones a aplicar el convenio en vigor con el objetivo de aumentar sus beneficios.
El discurso del PP que vincula la mejora de la gestión con la privatización de los servicios, viene a significar que el PP entiende que la única manera que hay de mejorar la calidad de los servicios públicos es que no los gestionen los responsables de su partido, sino un tercero. Una idea que viene a poner de manifiesto la escasa confianza del Partido Popular en su propia capacidad de gestión.
Asimismo, la existencia de circunstancias sin explicar como el hecho de que el Ayuntamiento pague 119 nóminas a FCC por  la prestación del servicio de la basura cuando el número de trabajadores adscritos a ese servicio no alcance el número de 95, nos empujan a pensar que los procesos de privatización no son el mejor método para evitar prácticas que van más allá de la legalidad.
Las circunstancias como las descritas en FCC u otras como el episodio por el que Vectalia mantuvo en zona azul una calle de forma irregular durante más de dos años, nos llevan a pensar que las funciones de control y fiscalización que debe realizar el Ayuntamiento de Mérida sobre la correcta  ejecución de los contratos, se incumplen de forma reiterada.
La premisa que identifica privatización y mejora de la gestión se muestran como una falacia que tan sólo beneficia a las empresas que finalmente resultan concesionarias de los distintos servicios.
Por todo ello, desde IU-Mérida durante la próxima legislatura llevaremos a efecto diferentes medidas con el objeto de recuperar la gestión municipal de los distintos servicios y auditar los diferentes procesos de adjudicación que se han llevado a cabo en los últimos años, todo esto dentro de las limitaciones establecidas en la legislación vigente.

Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.

En Mérida, a 20 de mayo de 2015

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