Izquierda Unida Mérida defiende
la gestión pública de los servicios municipales como modelo de gestión para
mejorar la eficacia y evitar posibles corruptelas.
La privatización de los servicios
públicos en Mérida durante esta legislatura se ha traducido en una reducción de
la calidad del servicio, el aumento del coste del servicio para el usuario, y
la reducción tajante de los derechos de los trabajadores.
La gestión privada de servicios
públicos ha supuesto una reducción en calidad de los servicios públicos, tal y
como ha ocurrido con el servicio de recogida de la basura, como puede apreciarse
en el hecho de la disminución de la
frecuencia del servicio, que ya no se realiza los sábados, o en la reducción de
la plantilla que ha provocado el empeoramiento de las condiciones de limpieza
de nuestra ciudad.
La privatización del servicio de
autobuses ha supuesto un incremento del precio del billete, la eliminación de
algunas paradas como la de la barriada de “El Carrión”, y el empeoramiento de
las condiciones laborales de los conductores, que ahora se ven obligados a
realizar su trabajo durante ocho horas al día sin descanso, debido a la
disminución de la plantilla, poniendo en peligro la seguridad de los
trabajadores y de los propios viajeros.
Por otra parte, la privatización
del servicio de limpieza de edificios municipales ha tenido como consecuencia
continuas vulneraciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras,
debido a que la empresa, en este caso Grupo Abeto, se ha negado en reiteradas
ocasiones a aplicar el convenio en vigor con el objetivo de aumentar sus
beneficios.
El discurso del PP que vincula la
mejora de la gestión con la privatización de los servicios, viene a significar
que el PP entiende que la única manera que hay de mejorar la calidad de los servicios
públicos es que no los gestionen los responsables de su partido, sino un
tercero. Una idea que viene a poner de manifiesto la escasa confianza del
Partido Popular en su propia capacidad de gestión.
Asimismo, la existencia de
circunstancias sin explicar como el hecho de que el Ayuntamiento pague 119
nóminas a FCC por la prestación del
servicio de la basura cuando el número de trabajadores adscritos a ese servicio
no alcance el número de 95, nos empujan a pensar que los procesos de
privatización no son el mejor método para evitar prácticas que van más allá de
la legalidad.
Las circunstancias como las
descritas en FCC u otras como el episodio por el que Vectalia mantuvo en zona
azul una calle de forma irregular durante más de dos años, nos llevan a pensar
que las funciones de control y fiscalización que debe realizar el Ayuntamiento
de Mérida sobre la correcta ejecución de
los contratos, se incumplen de forma reiterada.
La premisa que identifica
privatización y mejora de la gestión se muestran como una falacia que tan sólo
beneficia a las empresas que finalmente resultan concesionarias de los distintos
servicios.
Por todo ello, desde IU-Mérida
durante la próxima legislatura llevaremos a efecto diferentes medidas con el
objeto de recuperar la gestión municipal de los distintos servicios y auditar
los diferentes procesos de adjudicación que se han llevado a cabo en los
últimos años, todo esto dentro de las limitaciones
establecidas en la legislación vigente.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 20 de mayo
de 2015
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