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Izquierda Unida-Mérida ha iniciado un procedimiento ante la administración municipal para la apertura de un expediente informativo que aclare las posibles responsabilidades que, en su caso, pudieran deducirse de la utilización de la tarjeta institucional de alcaldía durante la legislatura anterior.

Desde IU-Mérida entendemos como razonable que el Ayuntamiento se haga cargo de los gastos que realicen las autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, pero siempre dentro de los límites establecidos por ley.

Así, los gastos que debe abonar el Ayuntamiento a los cargos públicos y empleados deben circunscribirse únicamente a aquellos que tenga una vinculación directa con el desempeño de sus competencias, una circunstancia que en el caso que nos ocupa está aún por aclarar.

El hecho de que gran parte de los gastos de la visa de alcaldía se hayan realizado en Madrid, y que algunos de ellos se efectúen durante días festivos, nos lleva a pensar que los desembolsos realizados por el ex alcalde Pedro Acedo, deben estar vinculados al desempeño de sus funciones como Senador del PP, y no como alcalde de la ciudad de Mérida, por lo cual en ningún caso el Ayuntamiento debe asumir estos costes.

El solicitud de inicio del expediente informativo que hemos registrado esta misma mañana, tiene como propósito aclarar las circunstancias vinculadas a estos hecho y determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran deducirse al respecto.

El inicio de este procedimiento se nos antoja como el mecanismo más adecuado para resolver esta cuestión, más allá del  habitual cruce de acusaciones, agravios, insultos y descalificaciones que suelen desencadenar este tipo de situaciones.

La apertura de este expediente administrativo permitirá averiguar si la actuación del señor Acedo es compatible con las exigencias legales, a la vez que garantiza el respeto de su derecho a la defensa, y la presentación de las pruebas y los elementos de juicio que consideren oportunos cada una de las partes implicadas, y todo ello dentro del marco de la legalidad vigente.   


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