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Izquierda Unida-Mérida ha presentado alegaciones a la tramitación del convenio urbanístico celebrado entre el Ayuntamiento y los propietarios de la plaza de toros, por incluir prestaciones ajenas a la regulación legal y favorecer injustificadamente a sus propietarios.

El 16 de febrero IU Mérida presentó en el registro del Ayuntamiento las alegaciones en las que basa la impugnación del Convenio Urbanístico relativo a la plaza de toros y en el que se solicita que se archive el expediente en cuestión.

En primer lugar, entendemos que el objeto del convenio no es estrictamente urbanístico, ya incluye otras consideraciones ajenas a esta materia, en contradicción con las estipulaciones que al respecto contempla la ley del suelo vigente en nuestra Comunidad Autónoma. .

En segundo lugar, la celebración de este convenio incluye actuaciones que consideramos contrarias a la ley, como la adjudicación directa de obras públicas sin seguir el procedimiento legal establecido y el pago de éstas con patrimonio municipal de suelo, del que además no está cuantificado su valor de mercado actual con métodos objetivos.

En estos términos, no alcanzamos a entender los motivos que motivan la celebración de este convenio en la actualidad, ya que implica cargar a costa del patrimonio municipal el coste de una actuación que debería asumir el propietario mediante la presentación de un proyecto de remodelación, en el que se incluiría el retranqueo obligatorio, sin coste para el Ayuntamiento ya que no sería necesaria la permuta de terrenos a favor de la otra parte. Además este proyecto obliga a aplazar en dos años la adquisición de suelo en la calle Vía Ensanche, otro elemento que –creemos- perjudica a los intereses municipales.

A nuestro juicio, se trata de un convenio que no es oportuno ni necesario, que solo sirve para dar cobertura a la necesidad de un empresario privado de llevar a cabo una obra con el objeto de mejorar las oportunidades de negocio de la plaza de toros, y por tanto de sus propietarios.

Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a que corrija las irregularidades contempladas en el presente convenio y adecue su contenido a las estipulaciones dispuestas en la legislación vigente.

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