IU-Mérida solicita la suspensión de la licitación de los quioscos hasta que se resuelva la situación legal de los actuales concesionarios.

Izquierda Unida-Mérida ha interpuesto un recurso administrativo con el objeto de solicitar la suspensión y, en su caso, nulidad del procedimiento de licitación iniciado por el Ayuntamiento para la concesión de los quioscos de la Plaza de España.

Resulta del todo inaudito que el Ayuntamiento se atreva a iniciar la adjudicación de los quioscos, en un momento en el que todavía no ha quedado aclarada cual es la situación legal de los actuales concesionarios, ya que el procedimiento de desalojo que debe determinar esta situación todavía no ha finalizado.

La decisión del gobierno de Osuna de iniciar la licitación sobre unos derechos de explotaciones sobre los que no podemos asegurar su disponibilidad, puede desembocar en graves perjuicios para los intereses y las arcas municipales, en el que caso de que finalmente se reconociesen los derechos de los actuales concesionarios a continuar con la explotación de los quioscos.

Por otro lado, la adjudicación de un bien sobre el que no se tiene disponibilidad supone una ilegalidad manifiesta, al tiempo que provoca una la vulneración de los derechos de los actuales concesionarios, que tras la decisión de Osuna se encuentra en una posición de indefensión frente a las actuaciones de sus derechos.

La interposición de este recurso persigue la protección de la legalidad vigente, vulnerada por el Ayuntamiento, y la defensa de los intereses municipales, ya que en caso de que no se suspendiera la licitación y se continuara con su tramitación, podríamos encontramos con una futura impugnación que anulase todo el proceso, e incluso con la obligación de tener que indemnizar a los actuales y futuros concesionarios, en caso de que el procedimiento de desalojo no se llevase a efecto y las los concesionarios ganaran el caso en sede judicial.

Por el contrario, la paralización de la licitación permitiría al Ayuntamiento resolver todas las cuestiones legales relativas a los derecho de los actuales concesionarios, sin que en ningún caso tuviese que afrontar el pago de indemnizaciones debido a decisiones judiciales adversas.

Por todo ello, consideramos que la mejor defensa de los intereses municipales consiste en la paralización del proceso hasta que se aclare las controversias legales sobre la finalización del derecho de los actuales concesionarios sobre los quioscos.