El mantenimiento del canon como único criterio de adjudicación y el régimen de precios establecido en el pliego, no se corresponde con las propuestas que en su día Izquierda Unida expuso al equipo de gobierno.
Así, la propuesta de IU-Mérida ampliaba los criterios de adjudicación atendiendo a otros aspectos que el equipo de gobierno ha situado en el pliego como obligaciones para el adjudicatario, pero no como elementos a puntuar en el proceso de adjudicación, tales como la comercialización de productos de comercio justo, de producción ecológica, o con denominación de origen extremeña.
En estos términos, el régimen de precios establecido por el gobierno municipal tiene efectos contrarios al que propuso Izquierda Unida. La propuesta realizada por IU suponía la determinación de una lista de precios de todos los productos, a la que cada uno de los licitadores podrían ofrecer su propuesta a la baja; esto con la intención de contener los precios de los quioscos, y por tanto del conjunto de los establecimientos de su entorno, a los que condicionaría. La propuesta del PSOE es la de obligar a los futuros concesionarios a no subir los precios más allá del precio medio del resto de los establecimientos situados en la Plaza de España, lo que supone un brindis al sol.
El régimen de precios establecido por el equipo de gobierno no tiene ningún propósito y viene a legalizar una situación que tendrá los efectos contrarios a los que perseguía, ya que en lugar de limitar el incremento de los precios, permite su incremento.
Asimismo, resulta lamentable que el equipo de gobierno no nos haya facilitado el texto definitivo del pliego con anterioridad a su publicación, por lo que en ningún caso le hemos otorgado nuestra aprobación en los términos en los que finalmente ha sido redactado.
Finalmente, la publicación del pliego de condiciones para la concesión de los quioscos en un momento en el que todavía no se ha resuelto el procedimiento de desalojo de los actuales concesionarios puede incurrir en nulidad, puesto que el Ayuntamiento ha iniciado la adjudicación del derecho de explotación que no estará disponible hasta que finalice el desalojo.
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