El pasado 16 de enero, finalizó el plazo de un mes que la legislación estipula para la resolución de los diferentes recursos administrativo que interpuso Izquierda Unida, por posibles irregularidades en el proceso de selección de personal laboral, que se realizaron a finales del año pasado.
El desprecio del gobierno de Osuna en la tramitación de los recursos que cuestionan la legalidad de sus actuaciones se ha convertido en una constante, que pone en entredicho la honestidad de la actuaciones administrativas del gobierno municipal.
La actitud mostrada por el gobierno del PSOE supone un desafío a la legalidad, así como un falta de respeto hacia el trabajo y las circunstancias de una multitud de candidatos y candidatas que han participado en estos procesos con la aspiración de encontrar un empleo.
Esta situación adquiere mayor relevancia en tanto que los recursos planteados ponen en tela de juicio la objetividad y limpieza de los procesos realizados, por lo que puede afectar directamente a los derechos y el futuro profesional de los aspirantes, tal y como ocurrió en el proceso anterior, cuyas irregularidades supusieron la repetición del proceso, así como el despido de las personas que fueron seleccionadas en su momento.
En aquella ocasión, el equipo de gobierno no resolvió hasta transcurridos más de ocho meses, desde la interposición del recurso.
El cumplimiento de los plazos para la tramitación de los recursos interpuestos supone una garantía frente a posibles arbitrariedades por parte de los poderes públicos, por lo que su correcta tramitación, no sólo se debe al correcto cumplimiento de la ley, sino que permite un control más democrático y racional de la actividad de los poderes públicos.
Desde aquí queremos recordar a los responsables municipales que las obligaciones establecidas por la legislación no son indicaciones que puedan a no llevarse a efecto a voluntad del equipo de gobierno, sino que contienen un mandato, que a fecha de hoy, se ha incumplido.
Por todo ello, exigimos al gobierno municipal que cumpla con los plazos establecidos en la legislación vigente y resuelva con la mayor brevedad los recursos planteados, en aplicación de la normativa vigente.
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