La sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que se determina la culpabilidad de José Adrián Caldera, por falsificación de certificado de obra para el acondicionamiento de pistas de esgrima, de precisión y de tiro con arco en el polideportivo de La Paz, pone en tela de juicio la honestidad del funcionario condenado, al tiempo que dispara las sospechas sobre la posible concurrencia de comportamientos similares a lo largo de su trayectoria profesional como funcionario municipal.
Debemos señalar, que en un periodo de poco más de un año, sendas sentencias han determinado la responsabilidad de dos funcionarios municipales, la primera de ellas dictada contra una funcionaria que se lucró aprovechándose de su condición de funcionaria de la delegación de urbanismo de suelo en la tramitación de una venta de suelo.
En nuestra opinión, el relato de los hechos contenidos en las sentencia son los suficientemente alarmantes como para adoptar las medidas necesarias que permitan a la administración municipal garantizar la adecuación a la legislación de las actuaciones y procedimientos en los que estos funcionarios han participado de un modo relevante.
Si bien somos conscientes que estas circunstancias son hechos aislados, entendemos que la administración municipal debe realizar las actuaciones necesarias para garantizar el respeto a la ley en la tramitación de los asuntos que son de su competencia.
Por todo ello, solicitaremos al alcalde que tome las medidas oportunas para llevar a efecto la revisión de los procedimientos más relevantes en los que haya participado los funcionarios condenados, con el propósito de detectar otras irregularidades que pudieran haberse cometido en su momento antes de que actúe la prescripción de los mismos, que en su caso pudieran producirse.
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