La propuesta de Rodríguez Osuna tiene como propósito poner a disposición de los promotores del Stone & Music Festival los recursos públicos, esta vez a través de la disminución en su recaudación.
Debemos señalar que los promotores de esta actividad ya han recibido otras ayudas, bien a través de subvención expresas a favor de la misma empresa en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, bien mediante el pago por parte del Ayuntamiento de Mérida de gastos asociados a la organización de estos conciertos.
Por otra parte, la propuesta del Gobierno municipal para bajar las tarifas a las empresas promotoras de conciertos, coincide con el anuncio por parte del mismo gobierno de la necesidad de aumentar los impuestos al conjunto de los vecinos de nuestra ciudad, debido a las dificultades del Ayuntamiento para pagar a los proveedores, a instancias requerimiento realizado por parte del Ministerio de Hacienda.
Así, la propuesta de Osuna viene a confirmar la pauta establecida en medidas anteriores, como son, la disminución de los principales impuestos municipales a favor de las grandes empresas, o las subvenciones dirigidos a los empresarios locales aprobadas de forma simultánea al momento en el que se disminuían los salarios de trabajadores por falta de fondos, tal y como en principio les ocurrió a los socorristas contratados en el verano de 2016 a través del Plan de Empleo Social.
El gobierno de Osuna ha elegido optar por el discurso articulado durante años desde la derecha neoliberal, en el que las mejora de las condiciones para las empresas se traduce en una mejora el conjunto de la población, a pesar de que la aplicación práctica de este discurso únicamente se ha manifestado en un progresivo aumento de la desigualdad a favor de las clases privilegiadas.
En este sentido, es necesario recordar que el sistema fiscal español resulta mucho más benévolo con las empresas que tienen trabajadores en plantilla que con los propios trabajadores y trabajadores, como así se deduce de la comparativa que se puede realizar entre, por ejemplo el impuesto de sociedades, -pagado por las empresas- y el IRPF, pagado por los trabajadores y trabajadoras mayoritariamente.
Finalmente, consideramos que comienza a ser necesario abrir un debate sobre el grado de explotación de comercial de nuestro patrimonio y de su compatibilidad con el deber de conservación y mantenimiento del mismo, que entendemos debería ser la principal prioridad de los poderes públicos, y que no está exento de polémica, como mostró cese del anterior director del Consorcio Monumental de la Ciudad de Mérida motivado por esta cuestión.
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