La simbología franquista continúa estando presente en nuestra vida cotidiana, hasta el punto en el que en algunos casos se ha normalizado su presencia, una situación que en nuestra opinión contraviene los principios democráticos más elementales. Este es precisamente el caso de las placas de señalización de las viviendas de protección construidas durante el periodo franquista, y que más allá de señalar el régimen jurídico de construcción de estas viviendas, luce la simbología propia de la dictadura en los portales de las casas de miles de familias emeritenses.
Esta medida ha sido impulsado en otros municipios como el de Barcelona, Paterna o Basauri, incluso ha sido impulsada por parte de la Diputación de Badajoz que han afrontado con distintas medidas la eliminación de este vestigio franquista en virtud del articulo 15 de la Ley de Memoria Histórica que se dispone: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.”
Si bien algunos pueden entender que este tipo de medidas carece de una trascendencia real, en nuestra opinión la presencia de en nuestra ciudad de elementos simbólicos de la dictadura en nuestra ciudad implica la normalización del sistema de valores que llevaba implícito el régimen franquista, y que entendemos que debe ser eliminado, por las mismas razones por las que resulta imposible encontrar una esvástica en una calle o plaza de Berlín.
Por todo ello, proponemos al Ayuntamiento de Mérida la elaboración de un catalogo de fincas que disponga de placas del Instituto Nacional de Vivienda que contenga simbología franquista, con el objeto de requerir a sus dueños para el cumplimiento de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, mediante la retirada de las mismas, bien directamente por parte los titulares de la finca o bien, subsidiariamente por parte del Ayuntamiento.
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