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Izquierda Unida-Mérida defiende la continuidad del Mercado de Calatrava y la rehabilitación de sus instalaciones, a partir de la aportación de fondos de la Junta de Extremadura.

La disponibilidad de los empresarios privados para asumir la gestión del Mercado de Calatrava suponen el indicio más evidente de su viabilidad económica, por lo que la privatización supone la renuncia del Ayuntamiento a los ingresos que podrían deducirse de una gestión adecuada, un reto que en ningún caso se ha afrontado desde el Ayuntamiento desde hace décadas.

El argumento utilizado para la privatización descansa sobre la falta de recursos municipales para la rehabilitación del mercado, un problema que puede resolverse en el momento en el que el Ayuntamiento negociase con la Junta de Extremadura la aportación de los fondos necesarios para la acometer las obras necesarias, con cargo al presupuesto autonómico, a través de un programa de gasto que se prolongara durante varias años, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores con los mercados de Cáceres o de Coria.

La financiación de este proyecto a través de fondos públicos regionales supondría un ahorro para las arcas púlblicas, ya que la privatización del mercado propuestas por el gobierno no de Osuna implicará la necesidad del Ayuntamiento de garantizar el equilibrio de las cuentas obtenidas por la empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato, que puede prolongarse durante unos veinticinco años.

El hecho de que el mercado se privatice no implica que la empresa que lo gestione se haga cargo de las posibles pérdidas en su gestión, sino que a través del contrato se garantizarán unas ganancias mínimas a favor de la empresa, que en caso de no obtenerse a través de la actividad desarrollada en el futuro mercado, deberán garantizarse y abonarse por parte del Ayuntamiento, por lo que tras la finalización del contrato el coste de la obra y la gestión del mercado puede multiplicar el gasto de su gestión.

El escenario más probable de esta privatización es aquel en el que el Ayuntamiento deberá pagar a la empresa concesionaria un cantidad de dinero en cada uno de los año en los que se mantenga vigente el contrato, por lo que en lugar de pagar una rehabilitación por un precio determinado por el importe de la obra, el Ayuntamiento de Mérida se encontrará con el deber de afrontar pagos durante los próximos 25 años, con el perjuicio económico que esto supone.

Así, la opción más económica sería la de realizar la rehabilitación sin que supusiera la cesión de la gestión, al ser más menos costoso y mantener el control sobre la gestión de este espacio.

La falta de iniciativa del gobierno de Rodríguez Osuna a la hora de buscar financiación pública para este proyecto, pone de manifiesto el apoyo del gobierno municipal hacia formas de gestión que percibe la prestación de servicios como un negocio privado, y no como un servicio público en el ejercicio de una competencia municipal.

Esta situación adquiere mayor relevancia desde el momento en el que la presencia de la ciudad de Mérida en los presupuestos regionales es poco menos de anecdótica, lo que legitimaría al alcalde de nuestra ciudad a exigir ante la administración regional inversiones como la rehabilitación de este mercado.

En definitiva, entendemos que el Mercado de Calatrava podría suponer un espacio idóneo para el fomento del pequeño comercio, frente al monopolio de las grandes superficies, a partir de una política municipal dirigida a la promoción de la economía local, genere empleo, que pague impuestos y produzca beneficios en nuestra ciudad.

Por todo ello, entendemos que el gobierno municipal está mostrando un perfil bajo a la hora de defender los intereses de nuestra ciudad frente a la Junta de Extremadura, y en contra los valores que dice defender, al tiempo que va a adoptar medidas con una clara repercusión negativa sobre las arcas municipales.

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