Según lo dispuesto en la legislación básica del Estado, el conjunto de las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar que las relaciones entre los interesados y los poderes públicos para la realización de todo tipo de trámites se efectúe por medios electrónicos, digitales o telemáticos.
Esta obligación es conocida por la administración municipal desde hace dos años, y entró en vigor el pasado día 2 de octubre. Aún así, y a pesar del periodo de adaptación de dos años que permite la ley para el cumplimento de este mandato, el Ayuntamiento de Mérida sigue sin llevar a cabo la puesta en marcha de estos mecanismos.
La trascendencia de este incumplimiento se manifiesta en el hecho por el que, en primer lugar, impide el derecho de los vecinos a realizar diferentes trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a las dependencias municipales para realizar cualquier tipo de trámite.
En segundo lugar, esta circunstancia se agrava desde el momento en el que la legislación dispone la obligación de que muchos de los interesados que realizan su actividad profesional o empresarial en relación con el Ayuntamiento estarían obligados a relacionarse con la administración municipal únicamente por estos medios.
Así, esta situación puede implicar que todos los actos que han realizado, tanto profesionales como empresas en sus relaciones con el Ayuntamiento son nulos de pleno de derecho y por tanto carecen de cualquier rasgo de validez, lo que sitúa tanto a los profesionales y las empresas, como al propio Ayuntamiento en una situación difícil de resolver.
Esto supondría que procedimientos tan relevantes como la adjudicación del Mercado de Calatrava, la modificación del contrato del servicio de autobuses, o el pago de cualquier factura o impuesto podrían resultar ilegales, únicamente por la falta dejadez del gobierno de Osuna a este respecto.
La falta de previsión del gobierno municipal, puede suponer que cualquier interesado impugne cualquier actuación del Ayuntamiento debido al incumplimiento de la obligación de tramitar los diferentes expedientes por vía electrónica o telemática, ya fuera una multa, una adjudicación de una obra, la concesión de una subvención o el cobro de un impuesto, lo que evidentemente dañaría gravemente los intereses municipales.
Debemos señalar que la obligación de relacionarse por vía electrónica con la administración afecta esencialmente a las empresas, los profesionales que estén obligados al deber de colegiación para el ejercicio de su profesión, los notarios y registradores mercantiles y de la propiedad, cuyos actos desde el 01 de octubre, podrían verse viciados de nulidad por la falta de diligencia de la administración.
Por todo ello, desde IU-Mérida queremos señalar al gobierno del PSOE como el único responsable de las posibles consecuencias de este incumplimiento, a la vez que les instamos para que con la mayor brevedad posible tomen las medidas más adecuadas para el cumplimiento de una obligación que hoy en día resulta esencial para proteger los intereses municipales.
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